La ejecución del proyecto vial Rancho–Panao–Chaglla enfrenta nuevos desafíos por conflictos con propietarios de terrenos y retrasos en el pago de compensaciones.
El alcalde del distrito de Umari, Keni González, informó que su gestión ha iniciado un proceso de sensibilización ciudadana para garantizar que la obra pueda avanzar sin mayores interrupciones, ante la negativa de algunas comunidades a permitir el uso de canteras y espacios previamente autorizados.
De acuerdo con las declaraciones del burgomaestre, la iniciativa busca explicar a los ciudadanos la importancia del proyecto y promover la colaboración vecinal en su desarrollo.
“Estamos realizando trabajos en campo para sensibilizar a la población y evitar que surjan obstáculos innecesarios”, precisó. González añadió que la falta de entendimiento social podría retrasar significativamente una obra considerada “estratégica” para la conexión vial de la provincia de Pachitea.
Exigen rehabilitar vía local
Uno de los principales puntos de conflicto, según explicó el alcalde, es la resistencia de algunos propietarios a permitir la extracción de materiales de construcción en zonas aprobadas por los estudios técnicos del proyecto. El caso más crítico corresponde a la cantera de Verbena, donde los pobladores condicionaron el uso de su terreno a cambio de que se intervenga una carretera local de 18 kilómetros.
El alcalde calificó este pedido como “imposible y absurdo”, al considerar que excede las competencias del proyecto principal. “A estas alturas, esas condiciones no se pueden asumir. Nadie podría hacerlo”, manifestó.
Ante esta situación, la Municipalidad de Umari, junto con la empresa encargada, ha propuesto identificar nuevas canteras a lo largo del trazado de la carretera, con el fin de evitar que las exigencias de algunos grupos detengan la ejecución. González recalcó que el trabajo de sensibilización incluirá reuniones con comuneros y propietarios para explicar los alcances reales del proyecto y su beneficio regional.
Propietarios revocan permisos
Otro de los problemas señalados por la autoridad edil es el cambio de postura de varios dueños de predios que anteriormente habían firmado su consentimiento para permitir el depósito de materiales excedentes.
El alcalde sostuvo que este escenario exige “una nueva ronda de diálogo directo con las comunidades”, con el fin de prevenir enfrentamientos y recuperar la confianza de los pobladores. “Hay que conversar con nuestros conciudadanos, explicarles y lograr su predisposición”, puntualizó, destacando que las autoridades locales y provinciales trabajan de manera coordinada para mantener la estabilidad del proyecto.
A los conflictos comunales se suma el retraso en los pagos de compensación a los propietarios de terrenos intervenidos por la carretera. De acuerdo con lo declarado por el alcalde González, varios dueños se niegan a permitir el ingreso de maquinaria hasta que el Estado cumpla con los desembolsos pendientes. Esta situación, según dijo, limita la labor de la empresa contratista y amenaza con detener el avance técnico de los tramos ya planificados.
Dato:
En relación con los montos pendientes, González citó información proporcionada por el ingeniero Villalobos, encargado del tramo Chinchinca–La Punta, quien informó que se requieren aproximadamente S/ 5 millones para pagar a 51 propietarios en esa zona. Sin embargo, al considerar los tramos restantes, el monto total ascendería a unos S/ 20 millones.
