Un operativo de desalojo ejecutado durante la madrugada en un predio de propiedad de la Municipalidad Provincial de Pasco ha generado controversia y cuestionamientos, luego de que dos vehículos municipales resultaran seriamente dañados durante los hechos. El procedimiento, realizado con apoyo de un numeroso contingente policial, ha dejado dudas sobre las responsabilidades y la legalidad de la intervención.
De acuerdo con la información recogida, el incidente se produjo cuando se intentaba tomar posesión del inmueble. En el lugar se encontraban dos unidades municipales: un camión cisterna que permanecía estacionado fuera del local y un camión baranda de cinco toneladas, destinado a labores de reciclaje, que se hallaba al interior de la cochera municipal. Durante el ingreso forzado al predio, se originó un incendio que afectó directamente a ambos vehículos.
Testigos indicaron que personas no identificadas habrían prendido fuego a los portones de acceso, provocando una situación de alto riesgo. Además, vecinos señalaron que se habría utilizado equipos de soldadura autógena para violentar los sistemas de seguridad, lo que habría contribuido a la propagación del fuego y a los daños materiales. Como consecuencia, el camión cisterna quedó inoperativo, mientras que el vehículo de cinco toneladas sufrió afectaciones dentro del recinto.
El desalojo habría sido ejecutado en el marco de un proceso judicial presuntamente a favor de la empresa minera Cerro S.A.C., lo que incrementó el malestar entre los ciudadanos. Diversos sectores de la población cuestionan que la intervención se haya realizado en horas de la madrugada y con un despliegue policial considerable, sin que se garantice la integridad de los bienes públicos.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial que precise quién asumirá la responsabilidad por los daños ocasionados a las unidades municipales. Vecinos y dirigentes locales han solicitado explicaciones a las autoridades competentes, incluyendo al Poder Judicial, al Ministerio Público y a la Policía Nacional, a fin de esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades administrativas o legales.
El caso continúa generando debate en Pasco, mientras se espera un informe oficial que permita aclarar las circunstancias del operativo y las consecuencias materiales que dejó el controvertido desalojo.
