Una denuncia pública fue presentada este mes por la Asociación de Fiscalización y Proyección para la Prosperidad de Amarilis, en la que se acusa a la Municipalidad Distrital de Amarilis de realizar cobros por concepto de arbitrios municipales sin contar con el respaldo normativo correspondiente.
La organización sostiene que, bajo la actual gestión del alcalde Roger Hidalgo y los anteriores gobiernos, se habrían estado cobrando servicios como barrido de calles, recolección de residuos sólidos y mantenimiento de parques y jardines sin la existencia de una ordenanza municipal válida que autorice dichos tributos.
Durante una conferencia de prensa, los voceros de la Asociación, encabezados por su vicepresidente Luis Navarro, calificaron estos cobros como “ilegales”, basándose en el Informe N.º 015-2025 emitido por la Contraloría General de la República. Dicho documento, según precisaron, da cuenta de la ausencia de ordenanzas municipales que respalden jurídicamente la recaudación de estos arbitrios, lo que significaría una presunta vulneración al marco legal vigente en materia tributaria municipal.
Contraloría advierte riesgo
De acuerdo con lo expuesto por Navarro, el informe de la Contraloría fue resultado de una denuncia ciudadana formulada en 2024, la cual motivó una acción de control posterior por parte del órgano fiscalizador. El documento, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la misma municipalidad, concluye que “la entidad viene recaudando por concepto de arbitrios municipales pese a no contar con ordenanzas municipales que aprueben su creación”, lo que, según indica el texto oficial, “genera el riesgo de que dicha recaudación se realice al margen de la ley”.
El informe fue remitido formalmente a la Asociación mediante una carta firmada por la jefa del OCI, abogada Margot Kelly Ollave Rojas, con fecha 4 de septiembre de 2025. En el documento se señala que la información será publicada en el portal web de la Contraloría y agradece la contribución de la ciudadanía en la vigilancia del uso de recursos públicos.
La Asociación de Fiscalización consideró este informe como un respaldo técnico a sus reclamos, los cuales —según indicaron— vienen siendo formulados desde hace más de diez años sin respuesta satisfactoria por parte de las autoridades municipales.
Dilación, evasivas y documentos inexistentes
Durante la exposición pública, la Asociación detalló una serie de oficios, solicitudes de acceso a la información pública y reuniones sostenidas desde el año 2019 con diversas autoridades municipales, tanto del nivel distrital como provincial. Según señalaron, ninguna de estas gestiones habría derivado en la entrega de una ordenanza válida que sustente legalmente el cobro de arbitrios.
Luis Navarro sostuvo que la municipalidad, ante reiteradas solicitudes, habría remitido ordenanzas de ratificación de normas inexistentes o estructuras de costos sin respaldo normativo, lo que —a juicio de la Asociación— reflejaría una intención de ocultar la falta de sustento legal en la recaudación.
Asimismo, acusaron a exfuncionarios, incluidos gerentes de tributos municipales, de “negar la existencia” de documentos que anteriormente ellos mismos admitieron no haber encontrado, lo que incrementó la suspicacia de los denunciantes. Entre los casos citados se menciona la Ordenanza Municipal N.º 037-2015, utilizada como base para el cobro, pero que —según la Asociación— aprueba un régimen tributario sin haber creado previamente el tributo, como exige la ley.
El dato
En su intervención, la Asociación enfatizó que los vecinos de Amarilis han venido pagando millones de soles por estos conceptos durante los últimos años, en muchos casos mediante procesos de cobranza coactiva. Según afirmaron, algunos ciudadanos se vieron forzados a pagar bajo la amenaza de embargo de sus bienes, a pesar de que —según la denuncia— no existía sustento legal para dichos tributos.
