Más de 500 familias afectadas por desalojo programado en noviembre, acusan manipulación judicial
Pobladores de la zona de Vía Crucis, en Huánuco, encabezados por el presidente de la Asociación de Pobladores, Adalberto Enríquez Maldonado, realizaron un plantón frente a la Corte Superior de Justicia de Huánuco, en protesta por un desalojo programado para noviembre. Según los manifestantes, el proceso estaría marcado por irregularidades y favorecimientos a la familia Verástegui, a quienes acusan de manipular la justicia a su favor.
De acuerdo con Enríquez, los terrenos en disputa pertenecen al Estado, basándose en documentos proporcionados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), registros públicos y el Ministerio de Agricultura. “Tenemos muchos documentos que nos dicen que esos terrenos son del Estado y no pertenecen a ningún particular”, afirmó el dirigente.
Sin embargo, a pesar de estos supuestos respaldos legales, las familias enfrentan una orden de desalojo que, según Enríquez, fue emitida bajo circunstancias cuestionables. La resolución judicial, identificada como la Resolución 324, ordena el desalojo de más de 500 familias para el 13 de noviembre.
Enríquez también sostuvo que el proceso judicial habría sido influenciado por la familia Verástegui, quienes, según él, han estado “pagando a los jueces” para que dicten sentencias a su favor. “Llevamos un proceso que fue pagado por la familia Verástegui, y hasta hoy siguen pagando a los jueces”, acusó, agregando que esta familia ha vendido más de 30 hectáreas de los terrenos que, asegura, no les pertenecen.
La comunidad también señala al juez encargado del caso, Rodil Naupai Alexander, de modificar la sentencia inicial. “Este juez está cometiendo un delito contra la administración de justicia”, denunció Enríquez, y anunció que llevarán el caso a la Junta Nacional de Justicia en Lima, ya que, según él, los tribunales locales han favorecido injustamente a la familia Verástegui.
Ante la pregunta de qué pasará con las familias afectadas en caso de que se concrete el desalojo, Enríquez fue claro: “No tenemos otro lugar a dónde ir. Si tuviéramos una casa, no estaríamos ahí”. La incertidumbre afecta a más de 500 familias, quienes, según Enríquez, han vivido en los terrenos por 16 años y poseen certificados de posesión emitidos por el Ministerio de Agricultura y la Municipalidad.
Dato:
En cuanto a una posible solución, Enríquez indicó que están dispuestos a dialogar con la familia Verástegui, pero siempre que se presente la documentación que respalde cualquier reclamo de propiedad. “Si la familia quiere que conciliemos, que nos muestren los documentos y buscaremos un conciliador que sea una autoridad”, puntualizó.
