El proyecto de mejoramiento vial en el sector Cozo se encuentra paralizado en un tramo crucial debido al conflicto no resuelto con alrededor de 20 familias que exigen pagos inmediatos para liberar sus predios.
Así lo informó el director regional de Transportes de Huánuco, Imer Haro Venturo. Manifestó que la obra en vía Higueras–Cozo afronta un escenario complejo en los últimos dos kilómetros del trazado, a pesar de que el contrato vigente tiene solo 42 días restantes para su culminación.
Según explicó el funcionario, los primeros cuatro kilómetros del tramo han sido liberados y ejecutados sin mayores inconvenientes. Sin embargo, la resistencia de las familias ubicadas en el área final ha frenado por completo el avance.
“Ahorita, alrededor de 20 viviendas son las que tenemos con esos problemas”, declaró Haro. Consultado sobre si esta situación había sido contemplada desde el inicio del proyecto, sostuvo que el expediente técnico sí preveía la existencia de afectaciones prediales, aunque admitió que el problema actual responde a un contexto social más difícil de manejar. “Cuando es un problema social, la población a veces no entiende y no acepta lo que hay”, señaló.
El director también precisó que el equipo técnico de Transportes continúa con el proceso de liberación, pero subrayó que el tiempo contractual remanente es muy reducido.
Según indicó, se están realizando gestiones para solicitar una ampliación de plazo formal, aunque no precisó si dicha solicitud ya ha sido presentada ni cuál sería el nuevo periodo requerido.
Exigen pagos inmediatos
Haro confirmó que las familias han expresado de forma reiterada su exigencia de recibir pagos inmediatos por sus terrenos antes de permitir el ingreso de maquinaria. De acuerdo con sus declaraciones, esta fue la principal demanda planteada durante una reunión sostenida días antes con los representantes vecinales. “Ellos lo que quieren es que se les pague inmediatamente”, afirmó.
Ante esta situación, la Dirección Regional de Transportes ha decidido aplicar el mecanismo de trato directo que permite el Decreto Supremo 1192, norma que regula los procesos de adquisición y expropiación de inmuebles requeridos para obras públicas.
Haro sostuvo que la entidad busca agotar esta vía legal, que autoriza negociaciones directas entre el Estado y los propietarios de los predios, sin tener que recurrir a procesos judiciales. No obstante, evitó revelar si existe un monto económico concreto solicitado por las familias o propuesto por el Estado como compensación.
Sobre la posibilidad de reubicar a las familias afectadas, el director respondió que la normativa vigente establece el reconocimiento de las “mejoras y plantaciones” existentes en los predios, pero no ofreció una respuesta directa sobre la reubicación de viviendas. “Sí, sí es mínimo”, dijo en referencia a la existencia de cultivos en la zona, minimizando el nivel de afectación visible.
Obra ni podrá avanzar
Tampoco se proporcionó información sobre la situación legal o socioeconómica de las personas que actualmente habitan los terrenos.
Haro advirtió que, mientras no se liberen estos dos kilómetros, la obra no podrá avanzar más allá del 50%, nivel en el que se encuentra actualmente.
Esta limitación, sumada al escaso tiempo restante en el cronograma contractual, plantea un riesgo inminente de incumplimiento. Aunque se mencionó una eventual ampliación de plazo, no se precisaron las condiciones legales ni presupuestales que harían viable esa extensión.
El dato
El funcionario expresó que una de las principales dificultades del proceso reside en la actitud de los vecinos, a quienes señaló por priorizar intereses individuales sobre el bien común. “Cuando hay que lidiar con personas, a veces no piensan mucho en el interés colectivo”, declaró. Esta afirmación generó inquietud entre algunos sectores, al interpretarse como una posible desvalorización del derecho de los propietarios a defender sus predios.
