Por: Jimmy Augusto Trujillo Olivo
La crisis política que atraviesa el Perú ha alcanzado niveles insostenibles. Lamentablemente, la gestión de Dina Boluarte es devastadora para el país, y probablemente no sea el único con esta opinión. Su desaprobación ciudadana, que bordea el 96% según encuestas de Ipsos, refleja el hartazgo de una población cansada de la improvisación, la falta de liderazgo y la ausencia de un rumbo claro. Sin embargo, plantear su vacancia a estas alturas, con elecciones ya convocadas para abril del 2026, sería un error aún más grave. El remedio, en este caso, puede resultar peor que la enfermedad.
La historia reciente del Perú es un espejo en el que no queremos mirarnos, pero debemos hacerlo. Desde el 2016 hemos tenido seis presidentes y tres parlamentos. Cada intento de vacancia o renuncia presidencial ha terminado profundizando la crisis en vez de resolverla. Los políticos creen que cambiando a la persona en Palacio se solucionan los problemas estructurales, pero la realidad estos tienden a golpear con dureza: nada cambia y todo empeora.
Carlos Timaná, politólogo, recordó que a partir de julio del 2025 el Congreso ya no podrá ser disuelto. Eso significa que los parlamentarios tendrán más incentivos para buscar la salida de Boluarte, sin temer perder sus propios cargos. Y por supuesto, no sería de sorprender, que busquen primar la ambición individual sobre el interés nacional, lo cual no debemos de permitir.
Hoy la inversión pública no solo representa un indicador macroeconómico; es, en gran medida, el motor que sostiene a miles de comunidades en plena crisis social. Un cambio abrupto de gobierno, en pleno año preelectoral, significaría que buena parte de los presupuestos ya asignados para el 2025 quedarían en suspenso.
Un golpe directo a la economía
Si algo ha demostrado la experiencia es que cada vacancia genera un terremoto económico inmediato. Lo vivimos en noviembre del 2020, cuando la salida de Martín Vizcarra hizo disparar las tasas de interés de los bonos peruanos en dólares y provocó una caída abrupta de la confianza empresarial.
Cuando ocurre una vacancia, lo primero que se detiene es la firma de autorizaciones y transferencias. Los ministerios entran en un estado de parálisis, porque cada funcionario espera nuevas directivas del reemplazo de turno. Eso implica que los recursos destinados a proyectos regionales y municipales corren el riesgo de no ejecutarse dentro del año fiscal. Y en el Perú, el dinero que no se gasta a tiempo no se acumula: simplemente retorna al Tesoro Público.
El impacto real de esa parálisis es brutal. Escuelas que deberían estar listas para marzo del 2026 quedarían inconclusas. Carreteras estratégicas como las que conectan a comunidades de Huánuco podrían seguir en abandono, profundizando la desigualdad territorial. Centros de salud que ya cuentan con presupuestos aprobados verían retrasada su construcción, condenando aún más a miles de familias a depender de postas improvisadas.
En resumen, una vacancia hoy no solo abriría un vacío político; también vaciaría las calles de maquinaria, frenaría las obras en marcha y convertiría los presupuestos en simples números congelados en una hoja de Excel. El país perdería un año entero de inversión pública, y eso equivale a perder oportunidades concretas de desarrollo para millones de peruanos.
El costo internacional de la inestabilidad
El uso recurrente de la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente” ha generado preocupación en organismos internacionales. La CIDH ha señalado que esta figura carece de definición objetiva y amenaza la separación de poderes. La ONU, por su parte, ha insistido en que la crisis solo puede resolverse mediante el diálogo.
El Atlantic Council advirtió que la inestabilidad es una amenaza directa para el desarrollo económico del país. La OCDE también ha remarcado que la incertidumbre política frena el crecimiento al debilitar la confianza empresarial y del consumidor. En pocas palabras: cada vez que el Perú se sumerge en un nuevo episodio de inestabilidad, nuestra reputación internacional queda por los suelos.
Las consecuencias geopolíticas
En América Latina se observa con preocupación cómo el Perú se ha convertido en un ejemplo de fragilidad institucional. Organizaciones como Transparencia Internacional han advertido que la confrontación constante entre Ejecutivo y Congreso amenaza las bases de la democracia. Y recordemos que el país mantiene 22 tratados de libre comercio y aspira a firmar nuevos acuerdos con India e Indonesia. Una crisis política a meses de las elecciones pondría en riesgo no solo nuestra imagen, sino también nuestra red de relaciones comerciales.
El camino hacia el 2026
Es cierto que la desaprobación de Boluarte y del Congreso es casi absoluta. Sin embargo, la salida debe ser electoral, no abrupta. Las elecciones del 2026 son la oportunidad para que el pueblo decida el rumbo que quiere para el país.
El escenario será complejo: hay 43 partidos inscritos y más de 10 mil candidatos en carrera. Esta fragmentación abre espacio para outsiders y figuras antisistema. Pero también abre la posibilidad de que emerja un liderazgo con experiencia ejecutiva, integridad, capacidad de consenso y visión económica pragmática.
El candidato ideal para el 2026, deberá demostrar que no sólo tiene mano firme para enfrentar la inseguridad, sino también respeto irrestricto por las instituciones democráticas. No podemos caer en la tentación de elegir al caudillo de turno que promete soluciones mágicas porque ese camino ya lo conocemos y nos ha llevado al desastre.
Lo que realmente necesitamos
Más que vacar a Boluarte, lo que necesitamos es mirar hacia adelante con responsabilidad. El próximo gobierno debe impulsar reformas urgentes: definir con claridad la figura de la vacancia, fortalecer el sistema de partidos, reducir la fragmentación electoral y luchar contra la corrupción con medidas efectivas.
No es suficiente con elegir un nuevo presidente. Se necesita reconstruir la institucionalidad del país. Y eso solo será posible si la ciudadanía asume un rol activo, si los partidos políticos se depuran y si los candidatos se presentan con propuestas serias en lugar de discursos vacíos.
La gestión de Dina Boluarte ha sido, en mi opinión, desastrosa, por decir lo menos. Ha carecido de visión, de liderazgo y de conexión con la ciudadanía. Pero pretender sacarla a pocos meses de las elecciones es un salto al vacío. La vacancia no resolverá nada: aumentará la incertidumbre, paralizará la economía y deteriorará aún más nuestra imagen internacional.
El Perú necesita estabilidad para llegar al 2026. Que sea el pueblo, y no los cálculos de un Congreso totalmente desprestigiado, quien decida el futuro del país. La vacancia, en este momento, sería irresponsable y contraproducente. El reto está en que, como ciudadanos, asumamos con madurez el poder de nuestro voto y apostemos por un liderazgo que realmente esté a la altura de la reconstrucción nacional que tanto anhelamos.
