Una reducción en los montos por consumo de energía eléctrica se viene registrando en los recibos emitidos por Electrocentro Huánuco. Este alivio económico se debe a la reciente implementación del beneficio tributario de exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV), tras una iniciativa legislativa impulsada por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla.
La medida se enmarca en el proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, cuyo objetivo es garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos esenciales en la Amazonía, región que incluye a Huánuco según lo dispuesto en la Ley N.º 27037. Esta legislación busca corregir lo que los impulsores de la norma consideran una “situación injusta”, en la que los servicios básicos como electricidad o agua potable estaban gravados con IGV, a diferencia de otros servicios no esenciales que ya gozaban de exoneración.
Fundamento legal y beneficio directo a los usuarios
La propuesta legislativa elimina la obligación de que las empresas estatales —como Electrocentro— cumplan requisitos restrictivos para acceder a la exoneración del IGV, tales como contar con sede central en la Amazonía o concentrar al menos el 70% de sus activos fijos en esta región. Estos criterios, imposibles de cumplir por empresas con operaciones interregionales, terminaban trasladando el costo del impuesto a los usuarios amazónicos.
Con la aprobación de esta ley, Electrocentro pudo aplicar el beneficio y facturar en Huánuco sin incluir el IGV, lo cual ha sido notado en las últimas boletas de los usuarios. Aunque aún no se cuenta con una evaluación oficial del impacto económico total, vecinos de la región ya reportan una disminución significativa en sus pagos mensuales por electricidad.
Desde el Congreso: “una corrección histórica”
“Es una corrección a una barrera histórica que afectaba directamente a la población más vulnerable de nuestra región”, declaró la congresista Elizabeth Medina, promotora principal del proyecto. Según la parlamentaria, esta medida permitirá que el ahorro tributario se destine a otras necesidades básicas como alimentación o salud.
El proyecto de ley, presentado en agosto de 2022, también establece que otras empresas públicas que ofrezcan servicios esenciales —agua, telecomunicaciones, gas— puedan acogerse al mismo beneficio, siempre que operen en la Amazonía.
Impacto en el acceso a derechos básicos
Aunque las autoridades aún no han difundido cifras oficiales, diversos especialistas en políticas públicas sostienen que esta medida podría incentivar una mayor formalización del servicio y mejorar la capacidad de pago de los hogares más humildes.
La norma ya está vigente y no representa egresos para el erario nacional, según su exposición de motivos. Por el contrario, se espera que dinamice la economía regional mediante un incremento del consumo, que eventualmente se recaudará por otras vías tributarias como el Impuesto a la Renta.
