En una votación histórica y cargada de emoción, el Senado de Uruguay aprobó este miércoles la ley de “muerte digna”, convirtiendo al país en el primero de América Latina en legalizar la eutanasia mediante una norma parlamentaria. La iniciativa obtuvo 20 votos a favor de un total de 31 senadores presentes, sellando una jornada que marca un antes y un después en la región en materia de derechos humanos y libertades individuales.
La ley —que reconoce el derecho de toda persona a “transcurrir dignamente el proceso de morir”— permitirá que pacientes con enfermedades incurables, irreversibles y generadoras de sufrimiento insoportable puedan solicitar una muerte asistida, libre y sin dolor, bajo estrictas condiciones médicas y legales.
“Es una ley liberal y humanitaria”, afirmó el senador Ope Pasquet, uno de los principales impulsores del proyecto. “A quienes padecen enfermedades que no tienen cura, y sufren cada día, debemos darles la oportunidad de decidir si quieren continuar o no ese sufrimiento. Hoy, Uruguay les devuelve esa libertad.”
Un precedente sin igual en América Latina
Con esta decisión, Uruguay se convierte en el primer país latinoamericano en aprobar la eutanasia por vía legislativa, adelantándose incluso a naciones con sistemas judiciales progresistas.
En Colombia, la Corte Constitucional despenalizó y reguló el procedimiento mediante fallos judiciales; y en Ecuador, una sentencia reciente de la Corte Constitucional abrió la puerta a su aplicación. Sin embargo, Uruguay es el primero en hacerlo por decisión del Parlamento, con respaldo multipartidario.
El proyecto, debatido durante años, había sido aprobado parcialmente por la Cámara de Diputados en agosto. En el Senado, contó con el apoyo del Frente Amplio, el Partido Independiente y sectores de los partidos Colorado y Nacional, que rompieron líneas partidarias para votar a favor.
El contenido de la ley: libertad en el final de la vida
La norma define la muerte digna como un procedimiento médico “destinado a provocar la muerte de una persona que se encuentra en las condiciones previstas por la ley, y que lo solicita reiteradamente de manera válida y fehaciente”.
Podrán acceder quienes:sean mayores de edad, conserven plena capacidad mental, y padezcan enfermedades crónicas, incurables o irreversibles que deterioren gravemente su calidad de vida y les provoquen sufrimientos insoportables.
La intervención debe realizarse de forma indolora, apacible y respetuosa de la dignidad humana, bajo control médico y con supervisión de las autoridades sanitarias.
Reacciones: entre el reconocimiento y la polémica
La aprobación no estuvo exenta de tensiones. Desde las gradas del Senado, grupos opositores gritaron e insultaron a los legisladores, por lo que la sesión debió ser interrumpida brevemente.
La Iglesia Católica uruguaya y varios colectivos médicos expresaron su rechazo a la ley, argumentando que “ninguna vida es indigno de ser vivida”.
En contraste, organizaciones de pacientes terminales y de familiares celebraron entre lágrimas la aprobación. “Es una victoria de la compasión sobre el sufrimiento”, dijo María Fernández, madre de un joven con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Un mensaje que trasciende fronteras
La “ley de muerte digna” uruguaya abre un nuevo capítulo en los debates bioéticos y jurídicos de América Latina, donde los proyectos sobre eutanasia y suicidio asistido siguen siendo tabú en la mayoría de los países.
Para la jurista y especialista en derechos humanos Lucía Arismendi, la decisión uruguaya “marca una madurez democrática: un Estado que no impone una forma de morir, sino que respeta el derecho a decidir sobre la propia vida”.
Con la firma presidencial prevista para los próximos días, Uruguay entra en la historia como el primer país latinoamericano en consagrar por ley el derecho a una muerte digna, una conquista que promete resonar —y dividir— a toda la región.
