Autoridades rechazan acusaciones de abuso de autoridad y usurpación de funciones, pero evaden temas críticos sobre transparencia y administración de fondos
En una conferencia de prensa realizada en la Universidad Nacional Daniel Alomía Robles (UNDAR), la Comisión Organizadora encabezada por su presidente, Benjamín Velazco Reyes, junto a la vicepresidenta de Investigación, Delma Flores Farfán, y el vicepresidente Académico, Amancio Valdiviezo Echevarría, respondieron a las denuncias publicadas recientemente por este medio sobre presuntas irregularidades en la administración de la institución.
Lejos de abordar de manera concreta las acusaciones sobre abusos administrativos, falta de transparencia en contrataciones y ejecución de obras públicas, las autoridades optaron por calificar las denuncias como ataques que buscan afectar la imagen de la universidad y su proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).
Firma de contratos CAS: ¿Facultades legales o usurpación de funciones?
Uno de los puntos más cuestionados en la gestión de Velazco Reyes es la firma de nueve contratos bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), sin contar, presuntamente, con la facultad legal para hacerlo. Según denuncias previas, esta acción vulneraría el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM, que otorga la responsabilidad de la contratación de personal al área de Recursos Humanos.
En su defensa, Velazco Reyes argumentó que el marco legal le permite suscribir contratos a nombre de la universidad, amparándose en la Resolución Viceministerial N° 244-2021-MINEDU y en el Estatuto de la UNDAR. Sin embargo, evitó responder a una cuestión clave: ¿por qué se ignoró el procedimiento regular y se dejaron de lado los informes de los jefes inmediatos, tal como lo exige la normativa?
Este punto fue respaldado por la vicepresidenta de Investigación, Delma Flores Farfán, quien mencionó que “firmar contratos sin la opinión del área usuaria y sin informar a la Comisión Organizadora constituye una falta”, insinuando que el jefe de Recursos Humanos, Edwin Figueroa Ferrer, actuó de manera irregular en la renovación de contratos. No obstante, no se presentaron pruebas de que Figueroa haya cometido infracciones administrativas.
Acusaciones de abuso de autoridad y represalias laborales
Las denuncias contra la actual Comisión Organizadora también incluyen acusaciones de hostigamiento y represalias contra trabajadores que han cuestionado su gestión. Durante la conferencia, Velazco Reyes admitió que existen dos denuncias formales en su contra, una en el Ministerio de Educación y otra en la Fiscalía, ambas interpuestas por el jefe de Recursos Humanos, Edwin Figueroa.
A pesar de ello, el presidente de la UNDAR intentó minimizar la gravedad de estas denuncias, refiriéndose a ellas como parte de una “campaña de desinformación”. Al mismo tiempo, anunció que se iniciarán procedimientos disciplinarios contra Figueroa, insinuando que este estaría usando recursos de la universidad para su “campaña de desprestigio”.
“Vamos a llamarlo a la reflexión para que se ponga la camiseta de la universidad y no esté mirando intereses personales”, declaró Velazco Reyes, dejando entrever que su permanencia en el cargo podría verse afectada por las denuncias que ha realizado.
El escándalo de la construcción del ascensor
Uno de los temas que más suspicacias ha generado en la comunidad universitaria es la construcción de dos ascensores en la UNDAR, cuyo presupuesto asciende a un millón de soles. Según las denuncias previas, la remoción del jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, Richard Hadison Gonzales Liberato, pudo haber tenido como objetivo evitar una supervisión rigurosa de la obra.
Sin embargo, Velazco Reyes aseguró que la construcción se realizó de acuerdo con los procedimientos exigidos por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y que el ascensor es un requisito para la accesibilidad de personas con discapacidad y el traslado de instrumentos musicales dentro de la universidad. No obstante, evitó responder con precisión sobre los costos y posibles sobreprecios en la obra.
Además, Delma Flores reveló que la UNDAR no tiene aprobada ninguna obra para el 2025, lo que pone en duda la capacidad de planificación financiera de la universidad y deja abierta la pregunta sobre el destino de los fondos no ejecutados.
Proceso de licenciamiento
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la Comisión Organizadora es que las denuncias podrían afectar el licenciamiento institucional de la UNDAR, el cual se encuentra en su fase final ante la SUNEDU.
“Si ustedes fueran la SUNEDU, ¿qué pensarían de una universidad con denuncias abiertas? No podemos permitir que este proceso se vea afectado por intereses personales”, señaló Flores Farfán, sugiriendo que las acusaciones tienen el propósito de entorpecer la evaluación.
Por su parte, Amancio Valdiviezo Echevarría aseguró que el licenciamiento sigue su curso y que la universidad ya cuenta con un plan de trabajo aprobado para la visita de SUNEDU. A pesar de esto, no se aclaró cómo las denuncias podrían impactar realmente en la decisión de la entidad supervisora.
