El reciente fallo judicial que impone una pena suspendida de cuatro años al exalcalde de Huánuco, Jesús “Coco” Giles, ha vuelto a poner en el centro del debate público una pregunta crucial: ¿es válido ceder terrenos públicos en nombre del progreso, incluso sin procedimientos transparentes?
De acuerdo con la sentencia, Giles fue hallado responsable de entregar irregularmente más de 40 mil metros cuadrados del parque Puelles, espacio que luego fue ocupado por un centro comercial de capital privado. A juicio del Poder Judicial, esta acción contravino la normativa sobre uso de suelo y patrimonio público, motivo por el cual también se le impuso una reparación civil superior a los S/ 21,000 en favor del Estado.
Durante la lectura de la sentencia, el exburgomaestre argumentó que su decisión tuvo como único fin modernizar Huánuco, dar impulso al comercio formal y generar empleo. Según declaró, los terrenos estaban abandonados y el proyecto ejecutado permitió la transformación urbana de una zona antes degradada.
Es innegable que la inversión privada cumple un rol fundamental en la transformación de las ciudades. La llegada de capitales a Huánuco ha contribuido, en muchos casos, a generar empleo, mejorar servicios y dinamizar sectores clave como el comercio y el transporte. Diversos centros comerciales instalados en la región lo han hecho adquiriendo sus propios terrenos, en procesos formales que respetan los marcos legales vigentes.
En ese contexto, resulta relevante distinguir entre el impulso a la inversión —que debe ser siempre bienvenida— y las formas en que los funcionarios públicos canalizan esos proyectos. La inversión privada no debe ser obstaculizada, pero tampoco promovida a costa del patrimonio colectivo o en condiciones opacas que generen dudas legítimas entre la ciudadanía.
La sentencia contra Giles no cuestiona el valor de la modernización ni los beneficios que un centro comercial puede haber traído a la ciudad. Cuestiona, más bien, el procedimiento utilizado para viabilizar ese desarrollo. Ceder terrenos públicos sin un marco jurídico sólido, sin participación ciudadana ni estudio técnico riguroso, deja puertas abiertas a la arbitrariedad y socava la confianza pública.
Las declaraciones del exalcalde —quien aseguró no haber recibido ningún beneficio personal— abren una segunda discusión: la urgencia de fortalecer la asesoría legal y técnica en las decisiones municipales. Según su versión, actuó con la intención de mejorar la ciudad, pero sin el respaldo jurídico necesario, lo que finalmente derivó en una sentencia que ahora intenta apelar.
El progreso de una ciudad no se logra solamente con obras visibles. También requiere instituciones sólidas, procedimientos claros y mecanismos de rendición de cuentas. La legalidad no es un obstáculo para el desarrollo: es su garantía de sostenibilidad.
Huánuco, como muchas ciudades intermedias del país, enfrenta el desafío de crecer ordenadamente. Eso implica atraer inversión, sí, pero también garantizar que cada metro cuadrado de terreno público sea utilizado de forma transparente y en beneficio colectivo.
