Desde nuestra tribuna, habiendo observado casos similares tanto en Huánuco, como en regiones, consideramos que la renuncia del ingeniero Yarushel Valenzuela Segura a la Dirección Regional de Agricultura de Huánuco no constituye un acto genuino de responsabilidad institucional. Más bien, responde al efecto acumulativo de una presión social, política y ética que fue sistemáticamente desoída por el Gobierno Regional, incluso cuando las alertas eran estridentes.
Lo más inquietante de este episodio —y aquí cabe preguntarse si no estamos ante un patrón de gobernabilidad disfuncional— es que días antes el propio gobernador Antonio Pulgar Lucas lo restituyó en el cargo, desautorizando públicamente a su vicegobernador. Este hecho, lejos de ser anecdótico, revela un quiebre de jerarquía interna que socava la legitimidad del Ejecutivo regional. ¿Qué tipo de institucionalidad sobrevive cuando la verticalidad de mando se quiebra por decisiones unilaterales? Como se constata en los archivos del Consejo Regional de Huánuco (Actas 2022, sin digitalizar), no es la primera vez que se ejerce el blindaje político ante denuncias de cuestionable veracidad documental.
El gerente general Ronald Acuña argumentó que “no hay pruebas oficiales” en contra de Valenzuela. Pero esta afirmación —aunque jurídicamente cauta— implica una peligrosa laxitud ética. El principio de precaución, base de la administración pública moderna, no exige certeza judicial para tomar medidas preventivas cuando está en juego la confianza ciudadana. En ese sentido, la negativa a suspender al funcionario cuestionado recuerda tristemente al caso ocurrido en el Gobierno Regional de Loreto en 2015, donde una decisión similar desembocó en nulidades contractuales masivas (Informe de Contraloría No. 031-2016-CG/LOR).
Además, y esto lo subrayo desde un lugar de compromiso técnico más que de indignación moral, la reposición de Valenzuela se dio pese a las objeciones formales de gremios como CITRACAS, y a un informe interno que alertaba sobre la legalidad comprometida de sus actos administrativos. Si proyectamos este escenario al modelo de análisis de riesgos institucionales planteado por Wagemann (2016), podríamos prever que cada contrato autorizado, cada acta firmada durante su efímero retorno, se vuelve un vector de litigiosidad potencial. Y eso no es una exageración: es una inferencia metodológicamente justificada.
¿De qué sirve entonces una renuncia que llega cuando el daño reputacional ya está hecho? Este gesto, aunque esperado, no corrige el error inicial ni anula la sospecha de encubrimiento. Tampoco absuelve a quienes sostuvieron la designación con silencios administrativos o con discursos evasivos. En el fondo, lo que irrita no es solo la acción, sino la narrativa ensayada para justificarla.
