La situación de las escuelas rurales en la región de Huánuco pone de manifiesto una verdad incómoda: el sistema educativo en estas zonas es un reflejo de la desatención estatal. El consejero Nicolás Inga, tras recorrer diversos centros educativos en zonas rurales como parte de la gerencia de asuntos sociales, ha expuesto una cruda realidad que demanda acción urgente.
En muchas escuelas rurales, los alumnos estudian en condiciones deplorables: aulas improvisadas con paredes precarias, ventanas sin vidrios cubiertas con plásticos, techos de calamina que hacen insostenible el aprendizaje en épocas de calor o lluvia. A estas deficiencias estructurales se suma la falta de recursos básicos como agua potable, electricidad, internet, bibliotecas, y laboratorios de computación, herramientas esenciales para garantizar una educación digna y moderna.
Los problemas no solo son estructurales, sino también administrativos. Las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las autoridades regionales de educación parecen estar desconectadas de la realidad de estas escuelas. La falta de supervisión y acompañamiento a los docentes, así como la desidia en la culminación de proyectos de infraestructura, son ejemplos claros de esta desconexión.
En la propia capital de la región, colegios emblemáticos como el Hermilio Valdizán han tardado más de 12 años en culminarse, mientras que otros como el Juana Moreno y el Ya Tupa aún funcionan en locales alquilados. Si estas son las condiciones en el área urbana, la situación en las comunidades rurales es aún más alarmante.
Los profesores en zonas rurales enfrentan desafíos heroicos: trabajan en lugares inaccesibles, sin los recursos básicos para su labor y con una remuneración que no compensa su esfuerzo. Muchos deben depender de la generosidad de las familias locales para sus necesidades básicas, como la alimentación.
Mientras tanto, los alumnos enfrentan barreras que limitan su desarrollo: desde la falta de tecnología hasta la ausencia de caminos transitables que les permitan llegar a sus escuelas. En estas zonas, el estado parece ser una entidad lejana, incapaz de garantizar siquiera los servicios más esenciales.
El panorama descrito por el consejero Nicolás Inga no debe quedarse en una reflexión pasajera. Es urgente que las autoridades regionales y nacionales se comprometan a garantizar una educación de calidad para todos los niños, sin importar su lugar de origen. Esto implica no solo culminar los proyectos de infraestructura pendientes, sino también diseñar políticas específicas que fortalezcan el sistema educativo en zonas rurales, incluyendo la capacitación y mejora de las condiciones laborales de los docentes.
La educación es un derecho fundamental que no puede ser relegado por la geografía o las dificultades logísticas. Es hora de que el estado, en todos sus niveles, asuma su responsabilidad y trabaje por un futuro más equitativo para las próximas generaciones.
