En el corazón de La Libertad, específicamente en Pataz, una zona históricamente marcada por la minería aurífera, emerge un emporio económico liderado por los hermanos Teonila Maura y Víctor Orlando Sánchez Iparraguirre. Su riqueza, originada en los socavones de la región, se manifiesta a través de una ostentosa exhibición de bienes y servicios, evidenciando un control casi absoluto de la cadena productiva del oro.
Según la investigación publicada por El Comercio, la influencia de los Sánchez va más allá de lo económico, alcanzando esferas políticas que generan controversia y cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión pública.
La diversificación de sus inversiones abarca desde la infraestructura hotelera hasta la provisión de insumos críticos para la minería. El hotel Orlando’s, ubicado estratégicamente en uno de los cerros de Pataz, se erige como un símbolo de su poderío, sirviendo como centro de operaciones para el alquiler de polvorines, cruciales para la actividad extractiva. Paralelamente, la expansión de sus negocios incluye la construcción de un centro comercial y la obtención irregular de licencias para un grifo, lo que sugiere una posible influencia indebida en los procesos administrativos locales. La situación en Pataz refleja un problema endémico en algunas zonas mineras del Perú, donde la falta de regulación y la débil presencia del Estado facilitan el auge de economías informales y la proliferación de actividades ilícitas.
Un punto crítico en la situación de Orlando Sánchez es su salida del Registro de Formalización Integral Minera (Reinfo), lo cual lo sitúa en una posición de minero ilegal. Esta condición implica la pérdida de derechos administrativos y la suspensión de actividades mineras, exponiéndolo a fiscalizaciones y posibles sanciones por parte de instituciones como Sucamec, Ingemmet y Sunat. La revocación de su inscripción en el Reinfo pone en tela de juicio la efectividad de los mecanismos de control y fiscalización del Estado en el sector minero. Este sistema fue diseñado para formalizar a los pequeños mineros y artesanos, pero ha sido criticado por su laxitud y por permitir la operación de actividades ilegales bajo el amparo de la formalización.
La extensión del poder económico de los Sánchez se evidencia en la posesión de múltiples propiedades registradas a nombre de Teonila Sánchez, quien cuenta con 42 inmuebles distribuidos en diversas regiones del país, incluyendo Tarapoto, Moyobamba, Huaral, Lima y Trujillo. Orlando Sánchez, por su parte, posee 12 propiedades en Trujillo. Esta acumulación de bienes refleja la magnitud de su fortuna y su capacidad para invertir en diferentes sectores y regiones, diversificando sus fuentes de ingresos y consolidando su influencia económica.
Las conexiones políticas de la familia Sánchez también han generado controversia. Se ha revelado que César Sandoval Pozo, actual ministro de Transportes y Comunicaciones, recibió en varias ocasiones a Kilder García Calderón, abogado de los hermanos Sánchez, mientras se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Energía y Minas. Aunque Sandoval niega conocer a los hermanos Sánchez, la existencia de estas reuniones plantea interrogantes sobre la posible influencia del clan en las decisiones del gobierno. La cercanía entre funcionarios públicos y representantes de intereses privados en el sector minero es un tema recurrente en el debate sobre la transparencia y la integridad en la gestión pública en el Perú.
Finalmente, tanto Teonila como Víctor Sánchez enfrentan investigaciones por diversos delitos, incluyendo delitos ambientales, hurto, actos de conversión y transferencia. Además, Teonila Sánchez se reunió con el exministro de Energía y Minas Rómulo Mucho y con el viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Manuel Ordóñez Reaño, lo que evidencia su capacidad para acceder a altos funcionarios del Estado. La acumulación de investigaciones y las reuniones con funcionarios públicos refuerzan la imagen de un clan familiar con un poder económico considerable y con influencia en el ámbito político, lo que plantea serias dudas sobre la legalidad y la ética de sus operaciones.
