La crisis política desatada en Brasil tras el asilo otorgado a Nadine Heredia ha escalado al ámbito legislativo, generando un torbellino de iniciativas que ponen en jaque al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. La controversia se centra en la legalidad y la pertinencia de acoger a la ex primera dama peruana, condenada por lavado de dinero, exacerbando las tensiones entre el oficialismo y la oposición en el Congreso brasileño, que experimenta una polarización creciente similar a la que se verá en Perú a partir de 2026 con su nuevo sistema bicameral.
Según la investigación publicada por El Comercio, el Poder Legislativo de Brasil ha reaccionado con una vehemencia inusitada ante el asilo concedido a Nadine Heredia, manifestándose en la presentación de alrededor de 20 iniciativas parlamentarias en la primera semana posterior a la concesión del beneficio.
Estas acciones legislativas, que abarcan desde mociones y solicitudes de información hasta pedidos de auditoría, convergen en un objetivo común: obtener explicaciones detalladas del gobierno brasileño respecto a la decisión de asilar a la esposa del ex presidente Ollanta Humala. Cabe recordar que Heredia salió de Perú gracias a un salvoconducto emitido por el gobierno y fue trasladada en un avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB), lo que ha intensificado las críticas y las demandas de transparencia.
Tres de las iniciativas presentadas ya han superado la etapa de comisiones en el Senado brasileño. Estas incluyen la citación al canciller para que exponga los fundamentos del asilo, la solicitud de información al Ministerio de Justicia y la petición de una auditoría sobre el uso de un avión militar para el traslado de Heredia. La decisión de conceder el asilo se produjo tras el anuncio de una condena de 15 años de prisión por lavado de activos, la misma pena que recayó sobre Ollanta Humala. Ambos fueron acusados de recibir fondos ilícitos para sus campañas electorales de 2006 y 2011, provenientes del gobierno venezolano y de la constructora brasileña Odebrecht, presuntamente a instancias del Partido de los Trabajadores, liderado por Lula da Silva. Un aspecto que agrava la situación es el reciente anuncio de Petrobras, la petrolera estatal brasileña, sobre la revisión de contratos con Odebrecht, añadiendo más leña al fuego político.
El Senado brasileño aprobó invitar al canciller Mauro Vieira a la Comisión de Asuntos Exteriores para que explique la decisión. Esta iniciativa fue impulsada por el senador Sergio Moro, el exjuez del Caso Lava Jato que encarceló a Lula da Silva. Moro argumenta que el vuelo que trasladó a Nadine Heredia representó un gasto considerable de recursos públicos, estimando un costo de 320 mil reales (aproximadamente S/ 206 mil), lo que genera interrogantes sobre la justificación de emplear fondos estatales para este fin, especialmente sin una debida transparencia en la solicitud y autorización de la operación. Asimismo, la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó mociones para que el Ministerio de Justicia responda a una solicitud de información sobre el asilo y para que se realice una auditoría sobre el uso de la aeronave de la FAB, ambas promovidas por el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Además de estas acciones, se presentó un requerimiento de información a la Cancillería sobre el asilo y una solicitud de “voto de censura” contra Lula da Silva, aunque esta última iniciativa, propuesta por el senador Magno Malta, tiene un carácter más simbólico que práctico. Si bien Lula enfrenta una disminución en su popularidad, aún cuenta con el respaldo de los presidentes de ambas cámaras del Congreso. En la Cámara de Diputados, las mociones son similares, incluyendo pedidos para citar al canciller, solicitar información a los ministerios pertinentes y solicitar una investigación del Ministerio Público sobre posibles irregularidades en la concesión del asilo.
