En el Perú, pocas realidades son tan persistentes y dolorosas como el abandono histórico a nuestros jubilados. Pero pocas, también, son tan indignantes como la situación de los maestros que hoy, después de haber dedicado su vida entera a educar a varias generaciones, sobreviven con pensiones que no alcanzan ni para garantizar necesidades mínimas.
El reciente plantón realizado por integrantes del Sindicato Central Nacional de Jubilados y Pensionistas del Perú (CENAJUPE) en la Plaza de Armas de Huánuco es un recordatorio contundente de aquello que el Estado prefiere no mirar: miles de docentes cesantes viven con ingresos que oscilan entre S/ 600 y S/ 800, y en casos extremos—sobre todo en el sistema privado de pensiones—apenas superan los S/ 300. No hay retórica que pueda justificar semejante inequidad.
El reclamo por la aprobación, por insistencia, de la llamada “ley de pensión digna”, que propone una base de S/ 3300 para docentes jubilados, no es un acto de rebeldía ni un capricho sindical. Es un llamado urgente a la justicia elemental. Durante décadas, la docencia ha sido una profesión exigente, sacrificada y, paradójicamente, subvalorada. Exigir una vejez digna no es un privilegio: es lo mínimo que una sociedad debe asegurar a quienes forjaron su futuro.
Sin embargo, como ya es costumbre, el trámite legislativo se ha convertido en un laberinto político donde la dignidad de los maestros es la moneda de cambio. La norma fue aprobada por el Pleno del Congreso, luego observada por el Ejecutivo antes de la salida de la expresidenta Dina Boluarte, y posteriormente enviada nuevamente al Parlamento. Y aun así, cuando correspondía debatirla por insistencia, según los propios dirigentes, la conducción del Legislativo habría optado por bloquear su discusión. La maniobra no sorprende; lo que indigna es la indiferencia.
Es fácil, para ciertos sectores de poder, apelar al fantasma del “forado fiscal” cuando se habla de mejorar pensiones. Es fácil decir “no hay dinero” mientras se mantienen exoneraciones millonarias a actividades privadas que operan con altísima rentabilidad. ¿Cómo justificar que el Estado deje de recaudar más de S/ 22 mil millones en beneficios tributarios, pero no pueda destinar una fracción de ese monto para asegurar pensiones básicas a quienes trabajaron 30 o 40 años educando al país? La contradicción es tan evidente como vergonzosa.
El Perú tiene una deuda con sus maestros jubilados. Una deuda que no prescribe, una deuda que no puede seguir postergándose entre observaciones, maniobras políticas y excusas presupuestales. La vejez no espera. El hambre tampoco.
Si el Congreso y el Ejecutivo insisten en esconder esta responsabilidad bajo el tapete fiscal, serán recordados no solo como gestores incompetentes, sino como autoridades que eligieron la indiferencia por encima de la justicia.
