En un giro inesperado de los acontecimientos, el Director Regional de Educación ha designado a William Gustavo Copelo, un trabajador previamente sancionado, como Jefe de Recursos Humanos. Esta decisión ha generado una ola de preocupación y críticas, ya que Copelo había sido destituido y aún así, ha sido ascendido a un cargo de alta responsabilidad.
Lo más sorprendente es que la resolución número 001101 del año 2023, que ordenaba abrir un proceso administrativo contra Copelo, no ha seguido su curso. Más aún, en menos de 24 horas, este proceso está a punto de prescribir. Ni la Asesoría Legal ni el actual Director de Educación han analizado esta situación, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso.
La resolución en cuestión estipula claramente que las autoridades serán responsables de no cumplir con la ley y los plazos que establece. Sin embargo, parece que estas palabras han caído en saco roto. El Gerente Regional de Desarrollo Social, quien es el responsable de designar al Director Regional de Educación, no ha mostrado interés en el asunto.
Esta situación plantea una pregunta crucial: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra tolerancia a la corrupción y la negligencia? No es un secreto que nuestro país lucha contra la corrupción, pero permitir que un funcionario sancionado ocupe un alto cargo es un paso atrás en nuestra batalla.
Es imperativo que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto. Se debe revisar el proceso de designación de Copelo y se deben tomar medidas disciplinarias si se comprueba que se han violado las normas. Además, se debe asegurar que el proceso administrativo en contra de Copelo se lleve a cabo de manera justa y transparente.
No podemos permitir que las irregularidades y la negligencia continúen socavando nuestras instituciones. Es hora de que todos nosotros, como ciudadanos comprometidos, exijamos responsabilidad y transparencia. ¿Estás dispuesto a unirte a esta lucha?
