Jorge Farid Gabino Gonzalez
En un país como el Perú en el que ya no sabe si mirar hacia los lados al salir de casa, si comprar una cámara de seguridad o encomendarse a algún santo —aunque estos tampoco se muestran muy diligentes que digamos en los últimos tiempos—, no es en modo alguno gratuito el que se haya comenzado a hablar de lo que en otros tiempos habría provocado una mezcla de escándalo y risa: que los estadounidenses ingresen a nuestro territorio, que hagan, en buena cuenta, lo que nosotros no hemos sido capaces de hacer. Que sean ellos quienes se encarguen del problema —con sus armas, sus helicópteros, sus radares y sus drones—, porque nosotros, simple y llanamente, hemos fracasado. Lo cierto es que, en muchas zonas del Perú —no necesariamente las más remotas ni las más pobres, aunque también esas—, el Estado es apenas un murmullo, una presencia nominal, un sello en un papel. Las bandas armadas, por el contrario, son tangibles, inmediatas, brutalmente eficientes. No esperan elecciones ni mucho menos que alguien les dé permiso para poder actuar. Y eso, que hace unos años parecía cosa de películas, se ha vuelto rutina: extorsiones que se pagan como si fueran impuestos, asesinatos a plena luz del día, amenazas tan sistemáticas que ya no parecen amenazas, sino meros avisos administrativos. En ese contexto, el argumento de una intervención extranjera empieza a tomar una forma diferente, más práctica.
No se trata, claro está, de pedir una ocupación ni, mucho menos, de caer en la ingenuidad de pensar que los Estados Unidos vendrían movidos por la caridad internacional o el amor a la justicia. Es bien sabido que toda intervención lleva consigo intereses, contrapartidas, concesiones más o menos explícitas. Pero también es verdad que el crimen que hoy azota al país no es local ni circunstancial. Se trata de redes articuladas, muchas de ellas transnacionales incluso, con tentáculos que van desde la selva hasta los puertos, desde las cárceles hasta las plataformas digitales, y cuya magnitud sobrepasa, desde luego, lo que puede manejar una policía escasamente equipada y un Poder Judicial lastrado por su propia burocracia. Así, frente a un enemigo de escala continental, ¿acaso no corresponde también una respuesta de similar o mayor calibre? Muchos podrían decir, y con justa razón, que dicha posibilidad implicaría un costo moral sumamente alto: el de aceptar que hemos fracasado como república, que no hemos sido capaces de garantizar lo más elemental, que es la seguridad de nuestros ciudadanos. Sin embargo, habría que considerar también que incluso ese reconocimiento puede llegar a ser terapéutico. Admitir que se necesita ayuda no equivale necesariamente a rendirse, sino, en determinadas circunstancias, y esta podría ser una de ellas, a tener la lucidez de aceptar límites y buscar soluciones en función de ellos.
Hay, además, un argumento que no suele mencionarse, a lo mejor por lo incómodo que resulta: gran parte de la ciudadanía (esa que no aparece en programas de televisión, esa que viaja en combi, que vive en barrios sin patrullaje y sin serenazgo— está cansada de tener miedo. Demás está decir que a ese sector de la población le importa un carajo de dónde venga la solución, con tal de que esta funcione. La gente quiere volver a caminar por las calles sin temor a ser asaltada, la gente desea abrir sus negocios sin miedos, la gente quiere mandar a sus hijos a la escuela sin preguntarse si volverán. Ahora bien, que algunos estén a favor de la posibilidad de que los Estados Unidos intervengan en el país no implica cerrar los ojos ante sus eventuales peligros. La historia latinoamericana está repleta de intervenciones bienintencionadas, o eso decían, que acabaron mal. Y una de las razones está en que, muchas veces, los Estados Unidos no han sabido irse a tiempo, o no han querido. Se vuelven parte del paisaje, de la agenda, del sistema de poder. Y cuando eso ocurre, la soberanía empieza a desdibujarse no solo en los mapas, sino en las decisiones cotidianas: se cede un poco aquí, otro poco allá, hasta que ya no se sabe quién manda, ni por qué.
El caso es que sabiendo todo esto, sabiendo que no hay solución perfecta ni, mucho menos, exenta de consecuencias, uno puede inclinarse —como quien elige entre males— por la opción menos mala, la menos corrosiva a largo plazo. Si la criminalidad ha alcanzado tal nivel de poderío que supera nuestras capacidades, y lo ha alcanzado, ¿no sería una claudicación mayor fingir que podemos resolverlo solos, aun a sabiendas de que hemos demostrado hasta el hartazgo nuestra incapacidad para hacerlo? Quizá sea momento de abandonar esta suerte de orgullo estéril y pensar en términos de supervivencia. Quizá haya que abrir una puerta que siempre creímos cerrada, pero hacerlo con los ojos bien abiertos, con condiciones claras y con un límite temporal irrenunciable. Porque la soberanía es algo que debe defenderse, desde luego, pero no con cadáveres diarios ni con balas callejeras. Y porque un país que no puede proteger a su gente, tarde o temprano deja de ser país, aunque conserve el nombre, la bandera y el himno.
