La ayuda humanitaria en Gaza, tradicionalmente gestionada por agencias de la ONU y organizaciones experimentadas, se enfrenta a un cambio radical. Israel planea transferir la responsabilidad de la distribución de alimentos a un grupo de entidades privadas de reciente creación, con historiales poco claros y financiación desconocida, generando controversia y preocupación dentro de la comunidad internacional. Esta decisión se produce en un contexto de creciente desconfianza entre Israel y las agencias de la ONU, particularmente en lo referente a la imparcialidad en la gestión de la ayuda en la región.
Según la investigación publicada por The New York Times, este proyecto, que sus defensores describen como una iniciativa independiente y neutral dirigida principalmente por contratistas estadounidenses, tiene sus raíces en una propuesta israelí concebida en las primeras semanas del conflicto. La seguridad estará a cargo de Safe Reach Solutions, dirigida por Philip F. Reilly, ex oficial de la CIA, mientras que la recaudación de fondos correrá a cargo de Jake Wood, ex marine estadounidense, director ejecutivo de la Gaza Humanitarian Foundation.
El plan surgió de reuniones informales a finales de 2023, donde figuras clave del establishment israelí, incluyendo oficiales militares, empresarios y asesores gubernamentales, debatieron sobre la necesidad de una estrategia alternativa para la gestión de la ayuda en Gaza. Este grupo, conocido como el Mikveh Yisrael Forum, identificó la distribución de alimentos como una herramienta crucial para socavar el control de Hamás y eludir a las Naciones Unidas, organización que Israel acusa de prejuicios anti-israelíes. La idea central era trasladar la distribución de alimentos a zonas bajo control militar israelí, evitando así el caos y la posible desviación de la ayuda hacia el mercado negro o manos de milicianos.
La iniciativa ha generado fuertes críticas por parte de la ONU, que advierte sobre las posibles consecuencias negativas para la población civil. Según funcionarios de la ONU, el plan podría restringir el acceso a la ayuda a áreas limitadas de Gaza y poner en peligro a los civiles, obligándolos a recorrer largas distancias a través de líneas militares israelíes para obtener alimentos. Además, existe la preocupación de que el nuevo sistema facilite un plan israelí para desplazar a civiles del norte de Gaza, ya que los puntos de distribución iniciales se ubicarían únicamente en el sur. Esta situación se produce en un momento en que la ayuda humanitaria ya es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población gazatí, que enfrenta una grave crisis alimentaria y sanitaria.
El ex oficial de la CIA, Philip F. Reilly, a través de Safe Reach Solutions, liderará la seguridad de cuatro puntos de distribución en el sur de Gaza, mientras que la Gaza Humanitarian Foundation, dirigida por Jake Wood, se encargará de financiar la operación. Wood insiste en que su fundación opera de manera autónoma y que no recibe financiación del gobierno israelí. No obstante, la cercanía de Reilly con las autoridades israelíes y su historial de participación en operaciones encubiertas en el pasado, generan suspicacias sobre la verdadera independencia del proyecto. Datos del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indican que la inseguridad alimentaria en Gaza ha alcanzado niveles sin precedentes, con un alto riesgo de hambruna.
La génesis del plan se remonta a los meses posteriores al ataque de Hamás contra Israel en octubre de 2023, cuando la movilización masiva de reservistas israelíes creó una red informal de contactos entre el ejército, el gobierno y el sector privado. Figuras como Yotam HaCohen, Liran Tancman y Michael Eisenberg jugaron un papel clave en la promoción de la idea de externalizar la distribución de alimentos a contratistas privados. HaCohen, en un artículo publicado en una revista militar israelí, argumentó que Israel debía trabajar directamente con la población civil para socavar el control de Hamás y tomar responsabilidad por la reconstrucción de Gaza.
Si bien el plan cuenta con el respaldo de algunos sectores del gobierno israelí y de contratistas estadounidenses, la comunidad internacional y las organizaciones humanitarias permanecen escépticas. La falta de transparencia en la financiación y la participación de figuras controvertidas, como el ex oficial de la CIA, generan dudas sobre la imparcialidad y la eficacia del nuevo sistema. El futuro de la ayuda humanitaria en Gaza se encuentra en una encrucijada, y la decisión de Israel de externalizar la distribución de alimentos podría tener consecuencias significativas para la población civil y para la estabilidad de la región.
