La sociedad civil organizada de la provincia de Leoncio Prado ha lanzado una advertencia clara y contundente al gobierno regional: un paro en julio si no se atienden sus demandas. La razón detrás de esta amenaza es la percepción de un gobierno incapaz de cumplir con sus promesas, lo que ha llevado a la población a una situación de desesperanza y frustración. Los productores de frutas, café y cacao, así como los dirigentes locales, se sienten abandonados y despreciados por la falta de respeto del gobernador hacia Tingo María y su pueblo trabajador.
La construcción del hospital de Leoncio Prado, con una inversión de 400 millones, es un ejemplo claro de la mala gestión y la falta de supervisión. La estructura se desmorona, y la pregunta que surge es: ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no se han utilizado materiales adecuados? La sociedad civil exige respuestas y soluciones, no palabras vacías. Es inaceptable que se inviertan millones de soles en una construcción que no cumple con los estándares mínimos de calidad, poniendo en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos.
Además, la construcción de la Av. Alameda Perú sin materiales adecuados es otro ejemplo de la indiferencia del gobernador hacia la provincia. La expulsión de técnicos del Gorehco de la asamblea y la falta de diálogo es una de las consecuencias de estas acciones y que estan llevado a la sociedad organizada a tomar medidas de protesta con movilizaciones que podrían sumarse al paro de los campesinos. Esto no solo afectaría a la región sino que también podría agravar la situación crítica que vive el país.
Es hora de que el gobernador Antonio Pulgar y sus asesores tomen medidas concretas para solucionar los problemas de la región. No más palabras, no más promesas vacías. Es necesario que el congreso y otros líderes políticos se unan para encontrar soluciones reales y sostenibles. La pregunta que nos debemos hacer es: ¿Cuánto tiempo más podemos permitir que la indiferencia y la mala gestión afecten a nuestra región?
En este momento crítico, es fundamental que el gobernador y sus asesores escuchen la voz de la sociedad civil y tomen medidas efectivas para resolver los problemas de la región.
