La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que más de US$ 2248 millones fueron movilizados entre 2022 y 2025 en operaciones presuntamente vinculadas a la minería ilegal en el Perú. Así lo reveló el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, durante su intervención ante el Congreso, donde informó que el 80 % de los movimientos financieros sospechosos en ese periodo tendrían relación con esta actividad ilícita.
En total, la UIF identificó operaciones por US$ 2804 millones, una cifra que confirma la magnitud de este fenómeno persistente. Ya entre 2012 y 2022, la entidad había registrado 3905 reportes de operaciones sospechosas por más de US$ 18,478 millones, lo que evidencia una continuidad preocupante en la expansión de este tipo de minería.
Cifra podría ser mayor y falta control en la cadena de comercialización
Para el vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz, el monto reportado por la UIF podría quedarse corto debido a la naturaleza informal y no bancarizada de esta actividad. “Es difícil validar montos en una práctica ilegal, pero es probable que la cifra real supere los US$ 2248 millones, considerando que también se procesa cobre y no solo oro”, explicó.
Ortiz advirtió además sobre la necesidad de reformas legales que restrinjan el acceso a la actividad minera solo a quienes cuenten con derechos formales y cumplan con normas ambientales y laborales. Enfatizó que la falta de regulación en la cadena de producción y comercialización de minerales permite la libre circulación de insumos fiscalizados, explosivos y mineral extraído de forma ilegal.
