En plena crisis de credibilidad institucional, cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú fueron detenidos en flagrante delito mientras —presuntamente— cobraban cupos a mineros ilegales que operan en el río Aguaytía, en la jurisdicción del distrito de Curimaná, región Ucayali.
La intervención fue ejecutada por agentes del Departamento de Anticorrupción de Ucayali, con apoyo del fiscal de turno de la Fiscalía Anticorrupción, quien dio legalidad a la detención en el acto. Los cuatro suboficiales detenidos habrían sido sorprendidos en el momento exacto en que realizaban cobros irregulares a los mineros informales que pernoctan y operan en la zona fluvial.
Según se informó, los detenidos estarían directamente vinculados a la comisaría de Curimaná, desde donde —de acuerdo con las primeras indagaciones— se habría tolerado o encubierto esta práctica ilícita de manera sostenida.
Los suboficiales detenidos fueron identificados por sus apellidos como Neyra Calderón, Marina Pita, Díaz Sánchez y Quintero Vásquez. Todos pertenecen al equipo policial que debía, en teoría, vigilar y controlar la actividad en esa zona minera de alta conflictividad ambiental y social.
Una fuente de la fiscalía, que pidió mantener su identidad en reserva, indicó que el operativo se realizó con información previa sobre presuntas prácticas extorsivas y abusos de autoridad por parte de efectivos que patrullan la zona. El procedimiento fue registrado legalmente por el Ministerio Público.
De forma extraoficial, se conoció que el comisario encargado de Curimaná, identificado únicamente como teniente Barreto, se encontraría en calidad de no habido. Las primeras versiones apuntan a que habría abandonado la dependencia policial tras conocer la captura de sus subordinados.
Este nuevo escándalo golpea a la Policía Nacional en uno de sus momentos de mayor vulnerabilidad ante la opinión pública. Diversos colectivos ciudadanos y organizaciones sociales vienen cuestionando el uso indebido del poder policial en zonas rurales, especialmente en contextos donde hay minería informal y falta de presencia estatal efectiva.
El río Aguaytía, ubicado en el corazón de Ucayali, es una zona estratégica para el tránsito de personas y recursos, pero también ha sido señalada en reiteradas ocasiones como un punto crítico por el avance de la minería ilegal y otras economías ilícitas.
Analistas en seguridad han advertido en anteriores oportunidades sobre la urgencia de establecer mecanismos de supervisión externa, auditorías operativas y presencia permanente del Ministerio Público en zonas con alta incidencia de corrupción policial.
De momento, se desconoce si los detenidos serán trasladados a la sede de Inspectoría General o si se dictarán medidas cautelares inmediatas. La fiscalía tampoco ha informado si el caso será judicializado como organización criminal o delito individual.
