La administración Trump parece decidida a buscar un acuerdo con Irán en relación con su programa nuclear, mostrando una preferencia por la diplomacia sobre la confrontación militar, lo cual representa un giro significativo frente a las posturas más agresivas defendidas por algunos de sus aliados, especialmente Israel. Este acercamiento se produce en un contexto regional marcado por la inestabilidad persistente, donde la amenaza de una escalada bélica genera profunda preocupación entre los líderes árabes.
Según la investigación publicada por The New York Times, el presidente Trump ha manifestado repetidamente su deseo de alcanzar un pacto con Irán que garantice la seguridad regional y global, incluso durante su reciente visita a Arabia Saudita. Esta voluntad de negociar se contrapone a las propuestas de una campaña militar conjunta con Israel, evidenciando una divergencia estratégica dentro del espectro político y diplomático involucrado.
El viaje de Trump a los estados del Golfo subraya esta convicción. Si bien en 2015, tras el acuerdo nuclear entre Irán y seis potencias mundiales, estos estados veían a Irán como un adversario y buscaban su aislamiento, ahora muestran una mayor disposición al diálogo. Los líderes árabes han expresado a Trump la necesidad de una solución negociada, argumentando que “la alternativa es terrible”, según Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group. La posibilidad de un Irán con armas nucleares o bombardeado, representa, sin duda, un escenario desastroso para la región. A pesar de esto, más de 200 republicanos del Congreso instaron a Trump en una carta a mantenerse firme con Irán.
No obstante, alcanzar un acuerdo con Irán podría generar tensiones dentro del propio Partido Republicano, especialmente entre aquellos que abogan por una línea dura y exigen el desmantelamiento total del programa nuclear iraní. La búsqueda de un entendimiento también enfrenta desafíos técnicos y políticos considerables. Persisten diferencias significativas entre las partes, particularmente en lo que respecta al enriquecimiento de uranio. Trump insiste en que Irán debe detener completamente este proceso, mientras que Teherán defiende su derecho a enriquecer uranio con fines civiles, amparándose en el Tratado de No Proliferación Nuclear.
Funcionarios iraníes han sugerido la posibilidad de detener el enriquecimiento a los niveles necesarios para la producción de armas nucleares y de desmantelar su reserva de uranio altamente enriquecido, pero se resisten a abandonar por completo el enriquecimiento. Esta postura es similar a la adoptada en el acuerdo de 2015, del cual Trump retiró a Estados Unidos en 2018, retomando las sanciones económicas contra Irán, al considerar que este pacto era demasiado favorable a Teherán. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha reiterado la disposición de su país a negociar, pero reafirma su negativa a renunciar al derecho al enriquecimiento civil.
Steve Witkoff, el principal negociador de Trump, está intentando encontrar soluciones creativas que permitan superar estas diferencias. Se han propuesto ideas como un congelamiento a largo plazo del enriquecimiento iraní, bajo una supervisión internacional reforzada, mientras ambas partes trabajan en la construcción de confianza. Otra propuesta consiste en que Irán acuerde eliminar gradualmente su programa de enriquecimiento, a cambio de garantías de acceso a combustible nuclear en el mercado global. Para Irán es fundamental obtener garantías de que Estados Unidos cumplirá con cualquier nuevo acuerdo, teniendo en cuenta la experiencia del retiro unilateral de Trump del pacto de 2015.
El levantamiento de las sanciones económicas, que han afectado gravemente a Irán, podría realizarse de forma gradual, mientras que la inversión corporativa estadounidense en Irán podría fomentar la confianza a largo plazo y actuar como un elemento disuasorio contra futuros conflictos. Se deben recordar las palabras de Suzanne Maloney, experta en Irán y directora del programa de política exterior en la Brookings Institution, quien menciona que este es un “caso de prueba importante para la eficacia de la política exterior de Trump”.
