La tradicional **independencia** de la Reserva Federal (Fed) respecto a la Casa Blanca, un principio largamente consagrado en la legislación estadounidense, se encuentra ahora en el punto de mira. Una reciente orden ejecutiva firmada por el Presidente Trump, que busca extender la influencia de su administración sobre agencias consideradas independientes, ha generado una creciente preocupación sobre hasta dónde podría llegar el mandatario en su desafío a esta separación de poderes. Recordemos que la Fed juega un papel crucial en la estabilidad económica del país, controlando la inflación y fomentando el pleno empleo. La ley que establece la Reserva Federal, la “Federal Reserve Act” de 1913, precisamente buscaba evitar la injerencia política en la política monetaria. El contexto también incluye las continuas críticas del Presidente Trump a la Fed por sus decisiones sobre las tasas de interés durante su mandato anterior, mostrando un claro deseo de influir en la política monetaria.
Según la investigación publicada por The New York Times, la directiva del Sr. Trump tiene como objetivo central a aquellas agencias reguladoras que, históricamente, han operado con una limitada interferencia política, tal y como fue autorizado por el Congreso.
La orden establece una excepción parcial para la Fed, protegiendo sus decisiones relacionadas con las tasas de interés. Estas decisiones son tomadas por los siete miembros de la Junta de Gobernadores, designados por el presidente y que suelen cumplir mandatos de 14 años, junto con un grupo rotatorio de cinco presidentes de los bancos regionales de la Reserva Federal. Esta estructura fue diseñada para asegurar una diversidad de perspectivas y un contrapeso a la influencia política directa.
Sin embargo, la orden busca ejercer autoridad sobre la manera en que la Fed supervisa Wall Street, decisiones que son ratificadas con el apoyo mayoritario de la junta. Esta área de supervisión incluye regulaciones para bancos y otras instituciones financieras, un punto clave para la estabilidad del sistema financiero.
Esta acción representa el último intento del presidente de centralizar el poder del poder ejecutivo sobre el gobierno. La orden requiere que las organizaciones independientes presenten sus propuestas de cambios regulatorios a la Casa Blanca para su revisión y otorga a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) la supervisión de cómo estas instituciones gastan sus fondos y establecen sus prioridades. Asimismo, establece que las interpretaciones de la ley hechas por el presidente y el Departamento de Justicia son vinculantes, y que cualquier interpretación alternativa requerirá autorización. Este punto es particularmente controvertido.
La naturaleza expansiva de la orden ha provocado interrogantes sobre si el decreto del Sr. Trump es legalmente aplicable a una institución como la Fed. También ha alimentado la especulación de que el presidente, quien tiene un historial de intentar influir en las decisiones del banco central sobre las tasas de interés, pueda eventualmente dirigir su escrutinio hacia las decisiones de política monetaria. El riesgo de esta injerencia radica en la posible pérdida de credibilidad de la Fed ante los mercados y el público.
La implementación de esta orden ejecutiva podría tener consecuencias significativas para el futuro de la política monetaria y la supervisión financiera en Estados Unidos, generando incertidumbre en los mercados y poniendo a prueba la independencia de la Reserva Federal. La reacción de la comunidad financiera y legal será crucial para determinar el alcance real de esta nueva directiva.
