La seguridad en Washington D.C. se ha convertido en un punto de fricción política. El presidente Donald Trump anunció el lunes la toma de control federal de la seguridad en la capital, argumentando una supuesta proliferación de bandas violentas. Esta decisión, que incluye el despliegue de la Guardia Nacional, se produce en un contexto de crecientes tensiones políticas y acusaciones sobre la gestión demócrata de la ciudad. Vale la pena recordar que el control sobre la Guardia Nacional en Washington D.C. reside, en gran medida, en el poder ejecutivo, lo que faculta al presidente a tomar este tipo de medidas.
Según la investigación publicada por el medio Gestión, el anuncio del presidente Trump se produce en medio de un debate sobre las estadísticas de criminalidad en la capital estadounidense y las políticas implementadas por las autoridades locales.
Trump justificó el despliegue alegando que Washington D.C. está “invadida por pandillas violentas” y proclamó el “Día de la Liberación” de la capital, prometiendo “recuperar” la ciudad. Además, no descartó la movilización de militares, aunque manifestó que no cree que sea necesario. Sus declaraciones contrastan con las estadísticas oficiales, que muestran una disminución de los delitos violentos, según diversos reportes policiales y datos de la alcaldía, aunque la percepción de inseguridad entre los ciudadanos parece ser elevada.
El presidente Trump llegó a comparar la seguridad en Washington D.C. con la de ciudades como Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima, sugiriendo que la capital estadounidense es más peligrosa que estas urbes. Estas declaraciones han generado controversia y críticas, especialmente al considerar el contexto político y el historial del presidente.
Esta decisión recuerda a otras medidas adoptadas por Trump en el pasado, como el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir la inmigración ilegal y en Los Ángeles para contener las protestas contra las redadas migratorias. Este patrón sugiere una estrategia consistente de utilizar la fuerza federal para abordar problemas de seguridad interna, generando debates sobre los límites del poder ejecutivo y la autonomía de los gobiernos locales.
El presidente Trump, que indultó a cerca de 1,500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, ha criticado duramente a la policía y a los fiscales de Washington D.C., argumentando que no son lo suficientemente “duros” y que la delincuencia está “totalmente fuera de control”. Además, ha expresado su intención de extender esta política a otras ciudades como Nueva York y Chicago, lo que podría generar conflictos con los gobiernos locales y ampliar el debate sobre el papel del gobierno federal en la seguridad pública.
Es crucial recordar que Washington D.C. no es un estado, sino un distrito federal que se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso. Esto otorga al gobierno federal un mayor grado de influencia en la gestión de la ciudad, lo que podría explicar la facilidad con la que el presidente Trump ha podido tomar esta decisión. La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la autonomía de Washington D.C. y su relación con el gobierno federal.
