La designación de la alianza de pandillas armadas haitianas como grupo terrorista por la administración Trump marca un punto de inflexión en la ya compleja situación del país caribeño. Esta decisión, anunciada el viernes, abre la puerta a un abanico de posibles intervenciones estadounidenses, desde sanciones económicas hasta, potencialmente, acciones militares. Recordemos que Haití, desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en 2021, ha experimentado un vacío de poder que ha sido aprovechado por estas bandas criminales para expandir su control territorial y económico. El país, además, enfrenta una grave crisis humanitaria, con escasez de alimentos, acceso limitado a servicios básicos y un desplazamiento interno masivo.
Según la investigación publicada por The New York Times, esta medida podría agravar aún más la crisis humanitaria, ya que las pandillas controlan una parte significativa de la economía e infraestructura del país, incluyendo puertos y carreteras principales, y extorsionan a empresas y a la población local.
La designación de grupo terrorista otorga a Estados Unidos amplios poderes para imponer sanciones económicas a estos grupos criminales y a cualquier persona que Washington acuse de tener tratos con ellos. La administración Trump justifica esta acción alegando la necesidad de poner fin a la impunidad de quienes apoyan la violencia en Haití, según un mensaje publicado en redes sociales por el Secretario de Estado Marco Rubio. Sin embargo, la aplicación de estas sanciones podría tener consecuencias devastadoras para la economía haitiana, ya que prácticamente ningún bien puede entrar o salir de la capital, Puerto Príncipe, sin el pago de “impuestos” a las pandillas.
Viv Ansanm (“Vivir Juntos” en criollo haitiano), la coalición de pandillas en cuestión, surgió en 2023 con la promesa de proteger a los civiles. No obstante, casi de inmediato, iniciaron ataques contra comunidades, prisiones, hospitales y estaciones de policía, exacerbando la ya precaria situación de seguridad en el país. La formación de esta alianza marcó un punto de inflexión en la escalada de violencia, demostrando una capacidad de coordinación y una ambición territorial sin precedentes.
La decisión de la administración Trump se produce en un contexto de creciente presión internacional para encontrar una solución a la crisis haitiana. Organizaciones internacionales y otros gobiernos han estado trabajando para apoyar al gobierno haitiano en sus esfuerzos por restablecer el orden y la seguridad, pero la situación sigue siendo extremadamente volátil. La designación de grupo terrorista podría complicar aún más estos esfuerzos, al añadir una nueva capa de complejidad y riesgo.
El impacto a largo plazo de esta designación dependerá en gran medida de cómo se apliquen las sanciones y de si se acompaña de otras medidas para abordar las causas subyacentes de la violencia y la inestabilidad en Haití. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de combatir a las pandillas y la imperiosa necesidad de proteger a la población civil y evitar un mayor deterioro de la situación humanitaria. La comunidad internacional, sin duda, observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.
