La regulación farmacéutica vuelve a estar en el punto de mira tras la reciente firma de una orden ejecutiva por parte del Presidente Trump, enfocada en la reducción de los precios de los medicamentos. La medida, que incluye la posibilidad de que los estados importen fármacos desde Canadá, plantea interrogantes sobre su impacto real en el gasto sanitario. El acceso a medicamentos asequibles sigue siendo un tema central en el debate político y económico, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
Según la investigación publicada por The New York Times, las políticas propuestas son más moderadas en comparación con las iniciativas presentadas durante el primer mandato del Presidente Trump. No obstante, una de las directivas podría, paradójicamente, impulsar el alza de los precios.
La orden ejecutiva insta a la administración Trump a colaborar con el Congreso para modificar una ley de 2022. Esta modificación podría debilitar un programa de negociación diseñado para aminorar el gasto de Medicare en medicamentos de uso común o de alto costo. Este programa, respaldado por la administración Biden y aprobado por un Congreso con mayoría demócrata, representaba un esfuerzo significativo para contener el aumento de los costos farmacéuticos.
Una alteración en esta legislación podría acarrear un incremento en los costos para el gobierno, ya que probablemente retrasaría el calendario existente para que ciertos medicamentos sean elegibles para recortes de precios por parte de Medicare. El programa actual de negociación de precios es considerado por muchos como una herramienta fundamental para controlar el gasto farmacéutico del gobierno.
Dependiendo de su estructura final, este cambio podría aumentar el gasto de Medicare en medicamentos en miles de millones de dólares en comparación con lo previsto bajo la ley vigente. Es importante recordar que el gasto en medicamentos representa una parte considerable del presupuesto de Medicare, afectando directamente a los contribuyentes y a los beneficiarios del programa.
La orden ejecutiva establece que cualquier modificación al programa de negociación de precios de Medicare debe ir “acompañada de otras reformas para evitar cualquier aumento en los costos generales para Medicare y sus beneficiarios.” Este compromiso, aunque presente en el documento, genera escepticismo entre algunos analistas, quienes cuestionan la viabilidad de lograr ahorros compensatorios.
