El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela comprará únicamente productos fabricados en EE.UU. con el dinero que reciba a través del nuevo acuerdo petrolero anunciado entre ambos países. La declaración fue difundida mediante su cuenta oficial en Truth Social, donde sostuvo que el compromiso venezolano representa un cambio significativo en su vínculo comercial con Washington.
“En otras palabras, Venezuela se está comprometiendo a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su principal socio”, escribió Trump, al presentar esta condición como un punto central del nuevo escenario económico que busca impulsar. El mandatario añadió que estas compras incluirían, entre otros rubros, productos agrícolas estadounidenses, así como medicinas, dispositivos médicos y equipamiento destinado a fortalecer la red eléctrica y las instalaciones energéticas del país caribeño.
El anuncio se produce en medio de un contexto de alta tensión y reconfiguración política: reportes internacionales indican que estas negociaciones ocurren mientras Estados Unidos incrementa su presión sobre el sector energético venezolano, en un escenario donde Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York tras una operación estadounidense ampliamente difundida por medios internacionales.
Trump calificó esta dinámica como una “decisión acertada”, enmarcándola dentro de su estrategia de reindustrialización, estímulo a la producción interna y fortalecimiento de la economía a través de mecanismos comerciales que favorezcan el consumo de bienes “Made in USA”.
Acuerdo petrolero
De acuerdo con lo señalado por Trump, Venezuela cedería entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo como parte del acuerdo, y el dinero derivado de esa operación se destinaría a compras exclusivamente estadounidenses. El planteamiento, según el mensaje del mandatario, busca que los recursos generados por la venta del crudo no se traduzcan en nuevos vínculos con otros mercados, sino que regresen a Estados Unidos en forma de adquisiciones comerciales.
En esa línea, diversas coberturas informativas reportan que Washington tendría un rol clave en el manejo y supervisión de los ingresos, bajo el argumento de garantizar que se usen de manera “transparente” y con un beneficio compartido. La narrativa de la Casa Blanca enfatiza que el objetivo sería atender necesidades internas venezolanas —especialmente infraestructura eléctrica y suministro de salud— pero a través de un circuito comercial controlado y ligado a proveedores estadounidenses.
Mientras tanto, en el frente energético, se han reportado movimientos relacionados con la comercialización y logística del crudo venezolano, incluyendo operativos de incautación de embarcaciones vinculadas al transporte de petróleo y nuevas acciones en el Caribe y el Atlántico Norte, lo que refuerza la idea de una política de control más agresiva sobre el flujo energético regional.
Bajo la lectura de Trump, el acuerdo funcionaría como un doble impulso: por un lado, permitiría abastecimiento y oportunidades para el mercado estadounidense; y por otro, obligaría a Venezuela a depender comercialmente de Washington para cubrir sectores sensibles como alimentos, salud y energía.
Presión sobre Delcy Rodríguez
En paralelo al anuncio, se reporta que la administración Trump ha intensificado la presión para abrir la industria energética venezolana a un mayor nivel de participación estadounidense. En esa ecuación aparece Delcy Rodríguez, descrita en diversos reportes como figura central de un gobierno interino o de transición, y quien habría sostenido comunicaciones orientadas a delinear una “agenda de cooperación”, aunque exigiendo también respeto a la soberanía y al derecho internacional.
En ese mismo marco, Trump anunció que sostendría reuniones con directivos de las principales petroleras estadounidenses para discutir inversiones y mecanismos operativos del acuerdo. De acuerdo con reportes, el encuentro estaría dirigido a definir temas de comercialización, logística y marco de operación, especialmente para asegurar que los fondos obtenidos por la venta del crudo sean canalizados conforme a la ruta fijada por Washington.
La estatal PDVSA, por su parte, ha señalado en comunicados que mantiene negociaciones bajo criterios de legalidad y transparencia, sosteniendo que se trataría de transacciones comerciales comparables con esquemas previamente usados con otras empresas internacionales.
En este escenario, el anuncio de Trump busca instalar una narrativa: el nuevo acuerdo no solo implicaría petróleo, sino una redefinición del mapa económico donde Estados Unidos pasa a ser el proveedor dominante en sectores clave para Venezuela, mientras asegura mercados para su producción interna.
Acuerdo con alto impacto político
La afirmación de Trump de que Venezuela comprará “solo” productos estadounidenses no solo plantea un giro comercial: sugiere una dependencia estructural que podría modificar el equilibrio regional, especialmente en un país que históricamente ha buscado diversificar alianzas económicas. En términos prácticos, el acuerdo —si se consolida— podría influir en los precios, en las inversiones, en la recuperación del sistema energético venezolano y en la capacidad del país de gestionar sus ingresos petroleros con autonomía.
También abre interrogantes sobre el alcance real del control estadounidense en la administración de fondos, el impacto en la economía venezolana y el rol que asumirán las empresas privadas en un eventual proceso de reconstrucción energética. Mientras Trump lo presenta como una jugada estratégica “sabia”, sectores críticos podrían verlo como un mecanismo de condicionamiento económico.
Por ahora, el mensaje presidencial deja una idea clara: petróleo a cambio de compras obligadas, un esquema que Trump presenta como un triunfo de su política de “Estados Unidos primero”, pero que también marca un capítulo de alta sensibilidad política, económica y diplomática en el continente.
