El Gobierno Regional omitió dar información al Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) sobre los supuestos documentos falsos que habría presentado el Consorcio Yachas en la licitación para compra de alimento para truchas del Procompite 2012 por un valor de 204 804 soles.
Debido a que el Gorehco no remitió la información requerida, la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado acordó archivar el expediente administrativo sin pronunciarse sobre la falsificación de documentos porque carecía de información oficial de la Entidad para verificar la documentación de la empresa.
El TCE requirió hasta en 3 oportunidades a la administración de Rubén Alva un informe técnico legal sobre la presunta responsabilidad del Consorcio Yachas pero el Gorehco nunca envió información, por lo que con acuerdo n.º 100-2016 puso en conocimiento de esta situación al Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la República para que tome acciones al respecto.
Documentos falsos
El 9 de julio de 2015, el Gorehco convocó la Adjudicación Directa Pública n.º 11-2015 para la compra de alimento balanceado para truchas para los planes de negocio de 3 asociaciones: Criadores de Truchas de la Laguna Carpa (Tantamayo), Productores Agropecuarios Yachas Vado y de Sacahuasi (Aparicio Pomares), ganadores del Procompite 2012.
El 24 de julio, se otorgó la buena pro al Consorcio Yachas integrado por las empresas Agro Industrias Fraelo SCRL, Edimpro SAC e Inversiones CCB&SE SAC. Pero, el 12 de octubre la empresa United Products S. A. denunció que las empresas del Consorcio Yachas presentaron documentos falsos para sustentar experiencia como comercializadores de alimentos de peces y contradicciones en sus movimientos bancarios.
El TCE inició procedimiento administrativo sancionador y el 16 de octubre requirió al Gorehco que, en un plazo de 10 días, remita un informe sobre la presunta responsabilidad del postor, copias legibles de los supuestos documentos falsos, de la información inexacta y la propuesta técnica del Consorcio Yachas. Sin embargo, la administración de Alva no remitió la información. El 30 de diciembre la Cuarta Sala del Tribunal requirió información a la Entidad, pero tampoco hubo respuesta. El 28 de enero de 2016, el Tribunal volvió a reiterar el pedido dando plazo de 3 días pero el Gorehco siguió omitiendo la información perjudicando el procedimiento sancionador y beneficiando a la empresa acusada de falsear información. Pese a que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado le obliga a informar al Tribunal sobre infracciones de un postor el Gorehco nunca respondió.
Al no poder verificar si presentó documentación falsa el Tribunal de Contrataciones archivó el caso dejando en claro que es responsabilidad del gobernador esta omisión y remitiendo el acuerdo al OCI y la CGR para que actúen según sus atribuciones.