El Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible la demanda competencial presentada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial. La acción legal, impulsada por el gobierno de Dina Boluarte, buscaba definir las circunstancias bajo las cuales un presidente en funciones puede ser investigado. Sin embargo, “no existe una autorización expresa de la titular del Poder Ejecutivo para que el presidente del Consejo de Ministros interponga una demanda competencial”, señaló el auto de inadmisibilidad firmado por todos los magistrados del TC. Según Valeria Mendoza Talledo para Infobae.
El caso ha puesto en evidencia una serie de errores técnicos por parte de los abogados del Ejecutivo. El máximo órgano constitucional otorgó un plazo de cinco días para corregir la omisión. De no subsanarse dentro del tiempo establecido, la demanda será archivada de forma definitiva.
El origen de la demanda competencial
En agosto de 2024, el gobierno de Dina Boluarte presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Este recurso legal, firmado por el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Alberto Huerta Guerrero, fue ingresado oficialmente el 25 de julio. Según el Ejecutivo, las investigaciones en curso contra la presidenta representaban un “menoscabo en el ejercicio de sus funciones” y vulneraban la inmunidad presidencial consagrada en la Constitución.
La demanda se basó en el artículo 117 de la Constitución, que establece que un presidente en funciones solo puede ser acusado por traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir el funcionamiento del sistema electoral. No obstante, el Ministerio Público y el Poder Judicial continuaron con las investigaciones preliminares en casos relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, el caso Rolex y la desactivación de un equipo especial de la Policía Nacional.
Según el Ejecutivo, dichas diligencias se fundamentaron en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y normas infraconstitucionales, ignorando lo dispuesto en el artículo 117. “El Ministerio Público carece de competencia para llevar a cabo estas diligencias, ya que vulneran la inmunidad presidencial”, argumentó el Gobierno.
Detalles del rechazo del TC
El Tribunal Constitucional señaló que el error técnico radica en que, si bien la presidenta Dina Boluarte designó al presidente del Consejo de Ministros para presentar la demanda, no se incluyó una autorización expresa que valide esta acción. En este sentido, el TC concluyó que “corresponde declarar inadmisible la demanda”.
El documento oficial firmado por los magistrados también aclara que esta situación podría solucionarse si el Ejecutivo cumple con el plazo de cinco días otorgado para corregir la observación. Sin embargo, si no se subsana la omisión, el recurso será archivado definitivamente.
Este fallo ha generado cuestionamientos hacia la Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que preparó y sustentó la acción legal. Varios analistas han calificado el error como un descuido que compromete la estrategia del Ejecutivo en el marco de las investigaciones en curso.
La demanda y su impacto político
El trasfondo de esta demanda competencial es altamente sensible para el gobierno de Dina Boluarte. Las investigaciones del Ministerio Público han avanzado en varios frentes, incluidos los casos que involucran las muertes durante las protestas que marcaron el inicio de su gestión. Además, se han autorizado diligencias como el allanamiento de la vivienda de Boluarte, aprobado por el juez Juan Carlos Checkley en marzo.
Ante este panorama, el Ejecutivo solicitó que el TC declare la incompetencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para autorizar medidas como allanamientos. El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, justificó la demanda señalando que “esta acción está dirigida a proteger a los futuros presidentes, evitando que sus funciones constitucionales se vean afectadas por las investigaciones preliminares”.
Sin embargo, la oposición y diversos sectores han interpretado esta estrategia como un intento de blindaje político para evitar que las investigaciones continúen afectando la gestión de Boluarte.
Artículo 117 y los límites de la inmunidad presidencial
El debate sobre el alcance del artículo 117 de la Constitución ha sido uno de los ejes centrales del caso. Este artículo establece que un presidente en ejercicio no puede ser acusado excepto en casos específicos, como traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir el funcionamiento del sistema electoral.
El gobierno argumenta que las investigaciones preliminares, autorizadas por el Ministerio Público, contravienen este artículo y afectan la inmunidad presidencial. Sin embargo, la Fiscalía ha defendido su actuación basándose en convenios internacionales y la necesidad de garantizar justicia en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos.
Reacciones al fallo del TC
El fallo del Tribunal Constitucional ha generado reacciones diversas en el ámbito político y legal. Mientras que algunos consideran que la decisión es un llamado de atención al Ejecutivo por sus errores procedimentales, otros ven en el rechazo un respaldo a la independencia de poderes.
El constitucionalista Omar Cairo señaló que “el rechazo por inadmisibilidad no resuelve el fondo del asunto, pero refleja una falta de rigurosidad por parte de los asesores legales del Gobierno”. Por otro lado, voceros de la oposición han cuestionado la estrategia del Ejecutivo, acusándolo de intentar frenar las investigaciones bajo el argumento de la inmunidad presidencial.
¿Qué sigue para el Ejecutivo?
Con el plazo de cinco días impuesto por el TC, el Ejecutivo tiene la oportunidad de corregir las observaciones y reingresar la demanda competencial. No obstante, el tiempo juega en contra del gobierno, ya que las investigaciones del Ministerio Público continúan avanzando.
Si el recurso no es subsanado y el caso se archiva, la presidenta Dina Boluarte deberá afrontar las investigaciones en curso sin el respaldo de una resolución del TC que defina los límites de su inmunidad presidencial. Esto podría abrir la puerta a nuevos cuestionamientos políticos y legales durante el resto de su mandato.
Un caso que pone a prueba la institucionalidad
El rechazo de la demanda competencial también pone en evidencia las tensiones entre los poderes del Estado y la importancia de respetar los procedimientos legales en los casos de alta sensibilidad política. En un contexto de polarización y desconfianza hacia las instituciones, este fallo del TC marca un precedente clave en el equilibrio entre la inmunidad presidencial y la lucha contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
El desenlace de este caso no solo tendrá repercusiones en la gestión de Dina Boluarte, sino que también sentará las bases para el tratamiento de futuras investigaciones contra presidentes en ejercicio.
