El Tribunal Constitucional (TC) rechazó un recurso presentado por una ciudadana que buscaba permitir que el expresidente Martín Vizcarra asumiera el cargo de congresista tras haber sido electo en 2021. La decisión reafirma la inhabilitación de Vizcarra, quien no podrá ocupar cargos públicos durante 10 años, una sanción dictada por el Congreso en abril de 2021 debido a su vacunación irregular contra la COVID-19.
El fallo del TC: un caso de interés constitucional
La resolución del TC señala que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actuó correctamente al no otorgar las credenciales necesarias para que Vizcarra pueda asumir como congresista. El expresidente había argumentado que esta medida vulneraba su derecho constitucional a ser elegido, pero el tribunal consideró que las sanciones impuestas por el Congreso respetaron los procedimientos establecidos.
“La decisión del Tribunal Constitucional reafirma que las acciones del JNE y del Congreso se ajustaron al marco legal vigente”, se lee en el fallo emitido.
La inhabilitación de Vizcarra se basó en su presunta participación en el caso conocido como “Vacunagate”, donde se le acusa de haberse aplicado irregularmente la vacuna de Sinopharm en octubre de 2020, cuando aún era presidente. Este hecho generó indignación pública, pues se produjo en un contexto de escasez de vacunas y alta mortalidad por la pandemia.
Antecedentes: ¿por qué fue inhabilitado Vizcarra?
El Congreso inhabilitó al expresidente argumentando que su vacunación, realizada fuera del protocolo oficial, violó la Constitución peruana al priorizar intereses personales sobre el bien común. En septiembre de 2021, el Poder Judicial ratificó esta medida, y Vizcarra presentó un recurso de agravio constitucional ante el TC para revertirla.
Además, el expresidente enfrenta otra inhabilitación de cinco años, dictada en 2022, relacionada con presuntos vínculos con empresas del sector privado durante su tiempo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Estas sanciones han dificultado su retorno a la política activa.
Reacciones de Vizcarra y panorama político
Martín Vizcarra ha declarado que confía en que las inhabilitaciones serán anuladas eventualmente y mantiene su intención de postular en las elecciones generales de 2026. “Estas decisiones no son más que obstáculos temporales. Estoy seguro de que la justicia prevalecerá”, señaló en recientes declaraciones.
Sin embargo, su futuro político sigue siendo incierto. Actualmente enfrenta un juicio oral por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Moquegua, donde la Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión. Este caso, vinculado a supuestas irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua, es un elemento adicional que complica su situación.
Revelaciones sobre presunta corrupción: el caso del Hospital de Moquegua
En paralelo, el exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, quien actúa como colaborador eficaz, ha declarado en un juicio que Vizcarra habría recibido S/1.300.000 de la empresa ICCGSA para garantizar la adjudicación de la obra del Hospital de Moquegua en 2013. Hernández, quien fue amigo cercano de Vizcarra, relató que este acuerdo se negoció directamente con Rafael Granados, gerente comercial de la constructora.
“En esa conversación, el señor Vizcarra lo primero que me pregunta es si los conozco y si son serios. Me habló de un monto de S/1 millón 300 mil. Luego me dijo que hablara directamente con Rafael Granados”, afirmó Hernández durante su testimonio.
Este testimonio ha sido clave para fortalecer la acusación de la Fiscalía, que sostiene que Vizcarra habría utilizado su posición de poder para obtener beneficios personales a través de actos de corrupción.
Un debate sobre ética y responsabilidad política
La situación de Martín Vizcarra ha generado un amplio debate en el Perú sobre la ética en la función pública y la capacidad del Congreso para imponer sanciones de largo plazo. Si bien sus seguidores argumentan que las decisiones en su contra son desproporcionadas, sus críticos consideran que los hechos que se le atribuyen reflejan un abuso de poder incompatible con cualquier aspiración política futura.
Organizaciones civiles han señalado que este caso debe servir como un ejemplo para reforzar los mecanismos de transparencia y control en el ejercicio del poder. “Es fundamental que se respeten las sanciones y que los responsables de actos indebidos enfrenten las consecuencias legales y políticas”, comentó un analista político.
Implicancias del fallo del TC
Con la decisión del Tribunal Constitucional, Vizcarra queda inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2031, una medida que marca un precedente en la historia reciente del Perú. Además, el rechazo a su recurso refuerza la posición del Congreso como un ente capaz de sancionar conductas contrarias a la Constitución, aunque no sin generar controversia sobre el alcance de su poder.
Mientras tanto, el expresidente deberá enfrentar tanto el juicio por el caso del Hospital de Moquegua como el impacto mediático de las nuevas revelaciones sobre presuntas irregularidades durante su gestión.
Conclusión: un panorama complejo
El caso de Martín Vizcarra refleja los desafíos políticos y legales que enfrenta el Perú en su búsqueda de consolidar la transparencia y la ética en el sector público. Aunque Vizcarra insiste en su inocencia y en la posibilidad de regresar a la política activa, el contexto actual plantea serias dudas sobre su capacidad para recuperar la confianza ciudadana y superar los obstáculos legales que se avecinan.
