El Tribunal Constitucional (TC) ordenó este miércoles la excarcelación inmediata de la ex primera ministra Betssy Chávez, al declarar fundado el habeas corpus presentado por su defensa. Con esta decisión, el máximo órgano constitucional anuló los 18 meses de prisión preventiva que se le habían impuesto por el presunto delito de rebelión, en el marco del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La medida implica que el Poder Judicial deberá disponer las acciones necesarias para que la exministra del gobierno de Pedro Castillo asista a las diligencias fiscales y al eventual juicio oral en libertad.
En su resolución, el TC concluyó que la detención de Chávez fue arbitraria debido a que el Ministerio Público solicitó la prolongación de la prisión preventiva fuera de plazo. Aunque la Fiscalía presentó el pedido un día antes de que venciera la medida inicial, el órgano jurisdiccional resolvió cuando el plazo ya había expirado, lo que generó una privación de libertad sin sustento legal.
“Se hace patente la detención arbitraria por el accionar del Ministerio Público, que fue avalada por el órgano jurisdiccional. Este tipo de detención, siempre reñida con el Derecho, se consuma así haya transcurrido una hora, un día o una semana”, señala el fallo.
El TC también advirtió que los jueces penales no motivaron debidamente la decisión de mantener la prisión preventiva, lo que afectó el derecho constitucional de la excongresista.
La defensa de Chávez, encabezada por los abogados Raúl Noblecilla y Luis Barranzuela, alegó que su patrocinada requería un régimen nutricional especial debido a que es paciente de cirugía bariátrica, el cual no era garantizado en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. Asimismo, denunciaron que la exministra sufrió hacinamiento y llegó a dormir en el suelo durante su reclusión.
Estos argumentos reforzaron la posición del habeas corpus, aunque el INPE intentó desestimar la demanda señalando que no existía evidencia suficiente de afectación a la salud de la interna.
En el proceso, el procurador público del Instituto Nacional Penitenciario solicitó al TC declarar improcedente el recurso, al igual que el procurador del Poder Judicial, que defendió la legalidad de la prolongación de la prisión preventiva. Sin embargo, ambas posiciones fueron rechazadas por el colegiado.
