El Tribunal Constitucional ha dado inicio al proceso que podría culminar en la declaración de inconstitucionalidad de la controvertida Ley n.° 31973, conocida como “Ley Antiforestal”, tras admitir a trámite la demanda interpuesta por el Gobierno Regional de San Martín. Esta ley, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ha sido criticada por promover la deforestación, vulnerar la autonomía de las comunidades indígenas y favorecer la impunidad en casos de explotación ilegal de recursos forestales.
Con un plazo de 30 días útiles otorgado al Congreso para responder a la demanda, el Tribunal analizará si la norma contradice la Constitución peruana y diversos tratados internacionales que protegen los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Según el Gobierno Regional de San Martín, la ley incumple obligaciones constitucionales al no haberse realizado la debida consulta previa a los pueblos afectados y al amenazar la preservación de un medio ambiente sano.
Esta acción legal ha recibido el respaldo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y otros gobiernos regionales, así como de organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales que han expresado su preocupación por las consecuencias negativas de la ley sobre los ecosistemas forestales y la biodiversidad en el país.
El debate sobre la “Ley Antiforestal” resalta la creciente tensión entre el desarrollo económico y la conservación ambiental, en un momento crítico para la protección de los bosques y la lucha contra el cambio climático en Perú. La decisión del Tribunal Constitucional será determinante para el futuro de la gestión forestal y los derechos indígenas en el país.
