La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó la inmediata libertad del exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Juan Rivero Lazo también sienta un precedente decisivo para la excarcelación de Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial y cabeza del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Según este fallo, Montesinos podría abandonar la prisión de la Base Naval del Callao el 24 de junio de 2026, tras cumplir la totalidad de las penas acumuladas en su contra por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
Un precedente crucial para la refundición de penas
El caso de Juan Rivero Lazo giraba en torno a la negativa del Poder Judicial de reconocer la refundición de penas. En su sentencia, el TC afirmó que “la refundición de la pena es un instituto jurídico que tiene como función unificar sentencias recaídas en procesos distintos, que, referidas a hechos vinculados por algún factor de conexión, debieron haber sido objeto de un solo proceso”.
Esta decisión impacta directamente el caso de Montesinos, cuyas condenas también derivan de múltiples procesos relacionados. Los hechos imputados a Montesinos, como los crímenes del Grupo Colina (Barrios Altos, La Cantuta, entre otros), ocurrieron entre 1991 y 1992, cuando el Código Penal vigente permitía la unificación de penas. El TC señaló que esta normativa debe ser aplicada para casos como el de Montesinos, a pesar de los cambios legales posteriores.
El razonamiento del TC y las críticas al Poder Judicial
La Corte Suprema había rechazado la refundición de penas argumentando que delitos como la desaparición forzada son de carácter permanente y que su prescripción no concluye hasta que se encuentren los restos de las víctimas. En el caso de Fortunato Gómez Palomino, sus restos fueron hallados en 2012, mucho después de los crímenes originales.
Sin embargo, el TC precisó que “si bien el delito de desaparición forzada es permanente, este criterio fue introducido mediante un tratado internacional ratificado por el Perú en 2002, una norma que no estaba prevista en nuestro ordenamiento jurídico al momento de los hechos”. Por tanto, concluyó que la unificación de penas debía respetar las normas vigentes al momento de los crímenes.
Montesinos y su camino hacia la libertad
Vladimiro Montesinos, quien cumple una condena acumulada por múltiples crímenes, verá sus penas subsumidas en la mayor de ellas: los 25 años impuestos por los homicidios calificados de los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa. La decisión del TC en el caso de Rivero Lazo crea un precedente que, según los analistas, inevitablemente beneficiará a Montesinos.
La fecha de excarcelación prevista para Montesinos, el 24 de junio de 2026, coincide con el período electoral, un hecho que genera preocupación por las posibles implicancias políticas de su liberación.
El contexto de la Ley 31181 y el beneficio adicional para Montesinos
Además de este fallo, Montesinos podría beneficiarse de la Ley 31181, promulgada en diciembre de 2023 por la presidenta Dina Boluarte. Esta norma permite que personas mayores de 80 años cumplan el resto de sus penas en arresto domiciliario bajo ciertas restricciones. Montesinos cumplirá 80 años el 20 de mayo de 2025, lo que lo haría elegible para este beneficio un mes después.
“Toda persona sentenciada mayor de 80 años podrá cumplir su pena bajo cuidado domiciliario o en una vivienda determinada por el juez”, señala la ley. Para acceder a este beneficio, Montesinos deberá cumplir requisitos como pagar una fianza y aceptar restricciones de movimiento.
Impacto político y social
La liberación de Vladimiro Montesinos tendría profundas repercusiones políticas y sociales. Como arquitecto del sistema de corrupción y violaciones de derechos humanos durante el régimen de Alberto Fujimori, Montesinos es una figura ampliamente repudiada en el país. Su posible liberación ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, quienes consideran que estos fallos podrían debilitar la lucha contra la impunidad.
Por otro lado, la defensa de Montesinos y de otros involucrados en crímenes similares sostiene que el fallo del TC no implica impunidad, sino el respeto a las normas legales vigentes al momento de los hechos.
El Grupo Colina y las consecuencias de la decisión
Además de Montesinos, otros miembros del Destacamento Colina, como Santiago Martín Rivas, también podrían beneficiarse de esta sentencia. Estos casos subrayan la controversia en torno a la refundición de penas, un tema sobre el cual existen posturas encontradas en el Poder Judicial.
La Cuarta Sala Penal Nacional Liquidadora, por ejemplo, ya había aplicado la refundición de penas en casos como Caraqueño-Pativilca (6 asesinatos) y La Cantuta (10 asesinatos y desapariciones), permitiendo que Montesinos viera cumplidas algunas de sus condenas desde 2001. Ahora, con este nuevo precedente, el camino hacia su excarcelación parece inevitable.
La respuesta pública y las implicancias futuras
Este fallo ha reavivado el debate sobre la administración de justicia en el Perú. Grupos de derechos humanos han advertido que decisiones como esta socavan los esfuerzos para garantizar justicia en casos de graves violaciones de derechos humanos. “Las víctimas y sus familias aún esperan justicia completa, y estas resoluciones generan una sensación de impunidad”, señalaron representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El TC, por su parte, defiende la legalidad de sus decisiones, argumentando que su mandato es garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, incluso en casos tan polémicos como el de Vladimiro Montesinos.
Conclusión: un desenlace controvertido
El caso de Vladimiro Montesinos simboliza las tensiones entre la justicia y la política en el Perú. Su liberación en 2026, o incluso antes bajo la Ley 31181, plantea preguntas fundamentales sobre la capacidad del sistema judicial para equilibrar la legalidad con las demandas de justicia social.
Por ahora, el camino parece trazado: Montesinos saldrá de prisión en menos de dos años, cerrando un capítulo oscuro de la historia reciente del Perú, aunque con un legado de controversias que continuará resonando en el ámbito político y judicial.
