La problemática de la **rehabilitación juvenil** en el Perú se intensifica ante la fuga de internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, y la reciente legislación que permite el enjuiciamiento penal de adolescentes de 16 y 17 años. Esta coyuntura ha motivado al Gobierno a anunciar el traslado de dicho centro desde San Miguel, en la capital, hacia la provincia de Cañete, evidenciando la necesidad urgente de abordar el sistema de justicia juvenil.
Según la investigación publicada por El Comercio, la decisión gubernamental de trasladar ‘Maranguita’ a Cañete se da en un contexto de alta tensión, marcado por la fuga de internos y la promulgación de leyes más severas para adolescentes infractores. Esto revela una estrategia que busca soluciones inmediatas, aunque generando controversia a nivel local.
El traslado propuesto implicaría la reubicación a un terreno de 700 mil m2 en el distrito de San Antonio, Cañete, tras un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y la Superintendencia de Bienes Estatales (SBN). Sin embargo, la medida ha desatado una ola de rechazo entre los habitantes y autoridades locales, quienes temen que la presencia de un centro de este tipo afecte negativamente el turismo y la seguridad ciudadana. Incluso, se han organizado protestas frente a la sede del Minjusdh en Miraflores, demandando la reconsideración del proyecto.
Carlos Guillén Moreau, uno de los internos que escapó de ‘Maranguita’, fue recapturado en Huaral mientras cometía un asalto, portando armas de fuego. Este incidente subraya la urgencia de mejorar las medidas de seguridad y los procesos de rehabilitación en estos centros. Adicionalmente, tras la fuga, se realizó el traslado de 29 internos al Anexo I de Ancón, individuos que, según las autoridades, representaban un riesgo para la seguridad interna.
La controversia radica en la falta de consulta a las autoridades locales y a la comunidad de Cañete, quienes argumentan que la provincia ya alberga un penal y que la llegada de un centro de rehabilitación juvenil exacerbaría los problemas de inseguridad. El alcalde de San Antonio, Juan Malásquez Jara, ha sido enfático al señalar que el proyecto carece de “licencia social” y que la experiencia con el penal de Cantera no ha sido positiva para la región.
En contraste, Percy Castillo, ex funcionario de la Defensoría del Pueblo, valora la iniciativa de construir un nuevo centro, reconociendo el hacinamiento y la precariedad de las instalaciones actuales. No obstante, advierte sobre la importancia de considerar la distancia entre Lima y Cañete, ya que esto podría dificultar las visitas familiares, un factor crucial para la reinserción de los jóvenes. Castillo también critica la falta de mejoras sustanciales en la gestión de los centros juveniles, a pesar del aumento en el número de internos.
