La alimentación escolar en Perú se encuentra en un punto crítico tras el anuncio del Gobierno sobre la “extinción” del programa Wasi Mikuna, antes conocido como Qali Warma. Esta decisión drástica surge en respuesta a múltiples reportes de intoxicaciones en escolares de regiones como Áncash, Amazonas, Junín y Piura. Los incidentes, vinculados a la distribución de alimentos en mal estado y casos de corrupción como el de las conservas Don Simón, han generado alarma y cuestionamientos sobre el futuro de la alimentación de 4.2 millones de niños en todo el país. Este programa es vital, considerando que un estudio del INEI reveló que el 27.5% de la población infantil sufre de anemia, condición directamente relacionada con la nutrición.
Según la investigación publicada por El Comercio, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, declaró el estado de emergencia y el cese próximo del programa el viernes pasado. Su ministerio está trabajando en una normativa que rediseñe el esquema de alimentación escolar para evitar la entrega de productos dañinos a los estudiantes.
La ministra Urteaga subrayó las limitaciones contractuales existentes con los proveedores, lo que impedía la compra directa a los fabricantes. Aseguró que se establecerán nuevas modalidades para garantizar la calidad, inocuidad, salubridad y el valor nutritivo de los alimentos. El compromiso del gobierno, según sus palabras, es entregar alimentos de calidad provenientes de la zona, impulsando así la economía local. La titular del Midis no descartó la posibilidad de que las irregularidades sean producto de disputas entre las mismas empresas proveedoras.
El programa Wasi Mikuna ya había ordenado la suspensión del consumo de conservas de pescado, pollo y pavita en todas las escuelas del país, en un intento por evitar más casos de intoxicaciones. Paralelamente, Sanipes determinó la suspensión de las actividades de la empresa Karsol por incumplir normativas técnicas, lo que llevó a la inmovilización de todos sus productos a nivel nacional.
Paola Bustamante, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, cuestionó el cambio de enfoque del programa. Señaló que mientras Qali Warma se centraba en proporcionar el desayuno a los niños para asegurar su rendimiento escolar, Wasi Mikuna parece priorizar la “comida hecha en casa” y la dinamización de la economía local a través de la compra directa de alimentos por parte de los padres. Bustamante advirtió que un programa diseñado para dinamizar la economía local no puede ser considerado un programa de alimentación escolar, y solicitó a la ministra Urteaga que clarifique el objetivo real del programa.
Norma Correa, experta en políticas públicas, coincidió en la necesidad de que el Gobierno precise las acciones que tomará tras el anuncio de la extinción de Wasi Mikuna, recordando que anuncios previos de mejoras no se han materializado. Correa enfatizó la urgencia de implementar medidas para evitar que los estudiantes sigan consumiendo alimentos en mal estado. Además, señaló que la reducción presupuestal de 2023 afectó la supervisión del programa, lo cual debe ser corregido ante la actual crisis. Se debe tener en cuenta que en 2022, el presupuesto para programas sociales destinados a la infancia se redujo en un 15%, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas.
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social respondió a El Comercio, indicando que la declaratoria de emergencia y la extinción del programa implicarán el establecimiento de nuevas modalidades que aseguren la calidad e inocuidad de los alimentos, así como su pertinencia cultural. Aseguraron que la extinción del programa no significará la suspensión del servicio, y que están evaluando alternativas para la incorporación en el servicio de alimentación escolar, incluyendo el refuerzo de la modalidad de subvención económica, que ya se está implementando en 35 colegios de Piura, Cusco y Ayacucho en conjunto con el Programa Mundial de Alimentos.
