Después de casi dos décadas de lucha y espera, el Estado peruano ha dado un paso significativo hacia la protección de los Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Se ha aprobado la creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, ubicada entre los departamentos de Ucayali y Loreto. Sin embargo, la iniciativa aún debe ser validada mediante un Decreto Supremo, un proceso que podría demorar hasta un año.
La reserva busca proteger la vida y el hábitat de los pueblos indígenas aislados Remo, Mayoruna y Kapanahua. “Se trata de proteger la vida de seres humanos que están aislados de manera voluntaria”, afirmó Apu Javier Macedo, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali (Feconbu).
A pesar del avance, la iniciativa no contó con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas, lo que ha sido interpretado por organizaciones indígenas como una priorización de intereses individuales por encima de los derechos de los pueblos en riesgo. Esto ocurre incluso cuando el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha expresado su compromiso con los pueblos indígenas amazónicos y su papel en la lucha contra el cambio climático.
Ante la falta de apoyo gubernamental, Macedo cuestiona la orientación de las políticas estatales. “Nos alimentamos de nuestros recursos naturales. Promueven la explotación y el aprovechamiento de recursos naturales, pero, ¿el desarrollo de quién?”, plantea.
Para que la reserva sea oficial, se necesita la publicación de un decreto supremo y, posteriormente, un plan de protección para la reserva debe ser aprobado en un plazo de 60 días. Beatriz Huertas, antropóloga y especialista en comunidades nativas, enfatiza la urgencia de este proceso: “Mientras más tiempo pasa, más se les expone a la invasión de sus territorios, al contagio de enfermedades y al riesgo de muerte”.
