El transporte urbano de Lima y Callao se prepara para una paralización total este martes 4 de noviembre, una medida extrema con la que los gremios buscan exigir al Gobierno acciones concretas frente al aumento de asesinatos y amenazas extorsivas contra conductores.
La convocatoria, liderada por el gremio Transporte Unido, advierte que ese día los buses no saldrán a las calles en señal de protesta por la falta de seguridad, a pesar del estado de emergencia decretado hace apenas una semana.
“Estamos cansados de promesas. Ya no se trata de cupos ni amenazas, se trata de vidas”, afirma el pronunciamiento del gremio, que agrupa a empresas de transporte de los conos norte, sur, este y centro de la capital.
Dos asesinatos que desataron la indignación
El paro se anuncia tras el asesinato de Leoncio Sandoval Casto, conductor de la empresa Mariscal Ramón Castilla (línea 105), y José Johnny Esquinel Lindres, chofer de Liventur. Ambos fueron atacados a balazos los días 24 y 27 de octubre, respectivamente, en medio de una ola de extorsiones que no cede.
“Estos crímenes son un golpe doloroso para nuestro sector y una muestra del nivel de inseguridad que enfrentamos cada día”, expresó el gremio en su comunicado del 27 de octubre.
El reclamo: promesas incumplidas y un Estado ausente
Los transportistas acusan al Ejecutivo y al Congreso de no cumplir los acuerdos alcanzados el 9 de octubre, cuando se comprometieron a implementar operativos permanentes contra las mafias del transporte y reforzar la vigilancia en zonas críticas.
“A la fecha, nada se ha cumplido. No hay resultados ni presencia efectiva del Estado en las calles”, señalan.
El gremio pidió la comprensión de los ciudadanos y advirtió que la paralización no es contra los pasajeros, sino contra la violencia: “Instamos a la población a respaldar nuestro derecho a vivir y trabajar en paz”.
Apoyo gremial y ultimátum al Gobierno
El paro cuenta con el respaldo de la Cámara Internacional de Transporte. Su representante, Martín Ojeda, confirmó que eligieron el 4 de noviembre como fecha límite porque el 30 de octubre vence el plazo de 15 días otorgado al Gobierno para demostrar resultados contra la extorsión.
“Podemos ver esfuerzos de la Policía, pero los muertos siguen siendo nuestros compañeros. Ya no llegan solo amenazas con una bala en papel: ahora las balas están en los cuerpos”, sentenció Ojeda.
También criticó que no se cumpla la norma que prohíbe circular con dos personas en moto, medida clave contra el sicariato: “Los conductores sienten miedo. Si van a hacer normas, que se cumplan”.
