Los gremios de transportistas de Lima Metropolitana y el Callao han convocado a un paro nacional para los próximos 24 y 25 de julio como respuesta urgente al aumento de la violencia, el sicariato y la extorsión que vienen golpeando al sector. La medida, definida como un acto de protesta en defensa de la vida, fue anunciada tras el reciente asesinato de trabajadores del transporte público, hechos que han conmocionado a la opinión pública y multiplicado los reclamos de acción estatal.
Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, detalló que la decisión del paro fue tomada luego de una reunión con dirigentes de las principales zonas de Lima y Callao, tras conocerse el asesinato de dos trabajadores de la empresa Emptonsa, blanco de constantes extorsiones. “Hemos acordado parar el 24 y 25 porque siguen matando a los cobradores. Cobradores y conductores de distintas empresas paralizaremos, ya que las empresas no asumen responsabilidad por nosotros. Los que acataremos el paro somos los que laboramos día a día en el transporte”, declaró Palomino, visiblemente indignado por la inacción gubernamental.
El principal reclamo de los transportistas es la exigencia de medidas concretas por parte del Gobierno para frenar la ola de inseguridad, extorsiones y asesinatos. Palomino recalcó que hasta un 40% de transportistas se movilizarán en estos dos días, paralizando labores para exigir que se garantice la integridad de quienes trabajan al volante y evitar más víctimas del crimen organizado. “No podemos seguir viviendo y trabajando con miedo, pagando impuestos a criminales”, denunció el dirigente.
La convocatoria incluye un plan de movilizaciones que contempla la llegada de representantes de varias regiones a la capital. Se espera que los días del paro registren bloqueos y plantones en puntos estratégicos de la ciudad, como el Palacio de Justicia y el Congreso, buscando visibilizar la situación de extrema vulnerabilidad que enfrenta el gremio.
De momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la medida, mientras que el impacto de la convocatoria será monitoreado de cerca por la ciudadanía, en un clima social marcado por el temor y la urgencia de soluciones efectivas frente a la criminalidad.
