El gremio de transportistas anunció una paralización nacional durante los días festivos del 24 y 25 de julio en protesta por la creciente inseguridad y extorsión que enfrentan los trabajadores del sector. Sin embargo, la circulación de buses y colectivos continuó con relativa normalidad en la capital y diversas regiones, reflejando la resistencia de conductores y el desconocimiento de algunos usuarios sobre la medida anunciada. Mientras tanto, el temor y la demanda por mayor protección policial aumentan, en un contexto donde los ataques y el cobro de cupos criminales afectan diariamente al rubro.
Extorsión en el sector transporte: una amenaza vigente
La amenaza del crimen organizado ha convertido el transporte público en uno de los sectores más vulnerables en Lima, Callao y otras regiones. Se estima que las mafias logran extraer más de S/10 millones mensualmente de los operadores, cifra que surge de cuotas irregulares impuestas a unas 350 empresas afectadas. En algunos casos, una sola compañía puede llegar a pagar entre S/48,000 y S/60,000 al mes para evitar represalias violentas.
La presión de organizaciones criminales no solo ha golpeado la economía de los transportistas, sino que ha instalado un clima de miedo permanente entre conductores, cobradores y empresarios. A esto se suma el dolor de las familias que ya han perdido a uno de los suyos en atentados durante protestas pasadas, sumando a la sensación de impotencia ante la impunidad y la falta de respuestas efectivas del Estado.
Movilizaciones, seguridad reforzada y exigencias al Gobierno
Aunque la paralización no paralizó la ciudad, los gremios han convocado nuevas marchas para los días 27 y 28 de julio, en las que se espera la participación no solo de trabajadores del transporte, sino también de los familiares de víctimas de la violencia ocurrida en protestas de años anteriores. El vice presidente de la Alianza Nacional de Transportistas expresó que la lucha incluye una exigencia clara y radical: la renuncia de las autoridades nacionales y la derogación de leyes que consideran perjudiciales para el sector y la sociedad.
El jefe de la Región Policial Lima aseguró que la policía ha desplegado operativos de seguridad ante las posibles protestas y para garantizar el orden durante las celebraciones patrias. A pesar de estos esfuerzos, muchos choferes, enfrentando amenazas de muerte o sanciones laborales, eligen seguir trabajando para proteger su sustento y el de sus familias.
Este escenario de amenazas y resistencia evidenció que la actividad de transporte público sigue, aunque bajo la sombra de la inseguridad. Los usuarios, en su mayoría, continúan movilizándose sin notar una disminución significativa en la oferta de buses, mientras crece la preocupación por la seguridad ciudadana y el reclamo por una intervención eficaz del Estado. Las próximas movilizaciones y las voces de los transportistas mantienen abierta la discusión sobre cómo reconstruir una red segura y digna para quienes se mueven y trabajan a diario por las calles del país.
