Más de S/ 200 mil en presunta recaudación no percibida en tres años, 48 empresas sin concesión de ruta y 91 sin autorización de paradero configuran un escenario que exige claridad institucional. Las cifras fueron planteadas por el dirigente transportista Evaristo Bueno Tafur y colocan en debate la gestión del transporte urbano en Huánuco desde el inicio de la pandemia en 2020 hasta 2024.
Según manifestó Bueno Tafur, el monto superaría los S/ 190 mil en pagos acumulados y rebasaría los S/ 200 mil al incluir incremento y sustitución vehicular. Si esos recursos no ingresaron a las arcas municipales, la comuna debe precisar cuánto dejó efectivamente de recaudar y por qué. Si la cifra no es exacta, corresponde desmentirla con documentos.
El dirigente atribuyó la situación a decisiones administrativas de la Gerencia de Transportes y cuestionó la ordenanza municipal N.° 02-2023, vigente desde 2023. Sostuvo que la norma restringe la renovación de concesiones y que existiría un “error de interpretación” reflejado en resoluciones declaradas improcedentes. Hasta ahora, no se ha difundido un balance oficial que contraste estas afirmaciones.
Más allá de los montos, el dato de 48 empresas que perdieron concesión y 91 que quedaron sin paradero plantea un problema de formalidad. Bueno Tafur afirmó que varias continúan operando, incluso sin autorización vigente, especialmente en zonas rurales. Si ello es así, la ciudad enfrenta un sistema híbrido donde conviven regulación estricta e informalidad tolerada.
El Consejo Municipal tiene un rol central. El dirigente indicó que presentó un documento solicitando correctivos, amparado —según afirmó— en la Ley Orgánica de Municipalidades y la Constitución. Corresponde al concejo evaluar si la ordenanza 02-2023 cumple su finalidad o si requiere ajustes técnicos.
La mesa técnica que, según Bueno Tafur, sesionó durante cinco meses con participación de colegios profesionales, la Cámara de Comercio y entidades públicas, también debe transparentarse. Si existe una propuesta enviada en enero, su estado no puede permanecer en silencio administrativo.
El transporte urbano no es un asunto sectorial: moviliza a miles de usuarios cada día y condiciona trabajo, estudio y acceso a servicios. Lo que está en juego no son solo S/ 200 mil, sino la credibilidad de la gestión municipal. La respuesta no debe ser política ni gremial, sino técnica, documentada y pública.
