Hablar de transparencia y honradez desde un cargo público no es un ejercicio retórico, sino una obligación práctica. En la función pública, las palabras no bastan: cuentan los actos, los documentos y, sobre todo, la disposición a ser fiscalizado. Cuando una autoridad se incomoda frente a preguntas legítimas sobre su conducta tributaria, el problema deja de ser personal y se convierte en institucional.
El tenso intercambio entre el alcalde de Huánuco, Juan Antonio Jara, y Diario Ahora no giró únicamente en torno a una presunta deuda municipal superior a S/ 16 mil. Lo que quedó expuesto fue una relación conflictiva con el principio básico de la rendición de cuentas. La elevación de la voz, la interrupción constante y la acusación al medio por “cambiar declaraciones” no despejan dudas: las profundizan.
Durante la entrevista, el burgomaestre negó de manera categórica mantener obligaciones pendientes con la Municipalidad de Huánuco. Afirmó haber solicitado en 2022 una revisión integral de su situación tributaria y sostuvo que los tributos de los años 2014 al 2018 se encontraban prescritos. Incluso señaló haber pagado montos que, según dijo, no correspondían. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre cifras concretas cuando se le consultó directamente.
La incomodidad del alcalde contrasta con la información que figura en registros internos de la propia municipalidad que hoy dirige. Según esos reportes, existe una deuda asociada a un inmueble en el jirón San Cristóbal 476, en Calicanto, por concepto de impuesto predial y arbitrios municipales acumulados hasta enero de 2026. El detalle incluye S/ 10,028.67 de deuda principal y S/ 6,397.81 por intereses moratorios.
Frente a esa contradicción objetiva entre discurso y registros administrativos, la reacción esperable de una autoridad que se reivindica transparente no es el enfado, sino la aclaración documentada. La fiscalización —sea periodística, ciudadana o institucional— no es una agresión personal, sino una condición inherente al poder público. Quien no está dispuesto a soportarla difícilmente puede reclamar autoridad moral.
El problema se agrava porque la Municipalidad de Huánuco es la entidad encargada de exigir a miles de vecinos el pago puntual de impuestos y arbitrios para sostener servicios esenciales como recojo de residuos, serenazgo y mantenimiento de espacios públicos. La coherencia entre lo que se exige y lo que se practica no es un detalle menor: es la base de la legitimidad institucional.
Hasta ahora, la comuna no ha emitido un pronunciamiento oficial que confirme o descarte la vigencia de las deudas atribuidas al alcalde, ni que precise si se trata de obligaciones prescritas, en litigio o plenamente exigibles. Ese silencio administrativo prolonga la incertidumbre y traslada el costo a la confianza ciudadana, un recurso ya escaso en la política local.
