La secretaria general del sindicato Fenutssa Federación Nacional de Trabajadores de Salud en Huánuco, Francisca Samaniego Rojas, expresó su rechazo a un posible desalojo del local que ocupa la Dirección Regional de Salud (Diresa) Huánuco. Según manifestó, más de 350 trabajadores se verían afectados si se concreta la medida.
Samaniego afirmó que el terreno fue donado por el filántropo Figueroa con el objetivo de destinarse exclusivamente a un hospital. “La población huanuqueña debe saber que acá funciona el laboratorio regional que procesa las muestras de 336 establecimientos de salud de la región”, señaló.
Laboratorio en riesgo y llamado a la población
De acuerdo con la dirigente, el traslado de las instalaciones pondría en riesgo el procesamiento oportuno de análisis, pues las muestras tendrían que enviarse a Lima. “Esto no es un mueble que se puede mover de un día para otro”, enfatizó.
Consultada sobre la falta de acciones en gestiones anteriores, Samaniego atribuyó la responsabilidad a los constantes cambios de directores y a la ausencia de un saneamiento físico legal del terreno. En su opinión, una solución pasaría por “una decisión política” de las actuales autoridades.
Demandas y acciones legales
Respecto a los convenios previos, la representante sindical indicó que estos no fueron renovados y que no existe un plan de contingencia claro en caso de un eventual desalojo. Samaniego insistió en que continuarán protestando y llevarán el caso hasta instancias judiciales superiores. “Llegaremos hasta la casación y al nivel central”, afirmó.
Durante la movilización, la dirigente pidió a las autoridades regionales y nacionales priorizar la salud de la población. “Les pedimos que se pongan la mano al pecho y piensen en el pueblo huanuqueño”, declaró.
Terrenos alternativos y proceso judicial
En relación a la propuesta de reubicación en un terreno ofrecido por la municipalidad de Amarilis, Samaniego sostuvo que dichos espacios estarían comprometidos en litigios o bajo control de otras entidades.
Sobre el proceso legal en curso, reconoció que existe una sentencia en primera instancia y que se está a la espera del fallo en segunda instancia. Según explicó, la movilización busca “sensibilizar a los magistrados” y evitar la ejecución del desalojo.
