El Congreso de la República tiene previsto debatir este miércoles 17 de septiembre de 2025 un proyecto de ley que plantea reconocer beneficios adicionales a los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Según la información disponible, la iniciativa incluye gratificaciones completas en julio y diciembre, así como una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) al 100%. Representantes sindicales de distintas regiones confirmaron su presencia en el Parlamento para respaldar la discusión.
Sindicato de Huánuco plantea modificar Decreto Legislativo 1057
De acuerdo con John Deny Damián Adriano, dirigente del Sindicato de la Unidad Ejecutora Educación UGEL Huánuco, la propuesta busca enmendar el Decreto Legislativo N.° 1057 con el fin de otorgar a los servidores CAS beneficios equivalentes a los que ya perciben otros regímenes laborales. El representante explicó que la norma vigente, creada como un régimen temporal, se mantiene después de 17 años y agrupa a más de 348 mil trabajadores en todo el país.
Según sus declaraciones, la iniciativa pretende incluir pagos por Fiestas Patrias y Navidad, bonificación por escolaridad, asignaciones por años de servicio, subsidios por sepelio, lactancia materna con licencia extendida y homologación de remuneraciones. También mencionó la posibilidad de establecer contratos indeterminados y acceso a fondos de asistencia y estímulo.
Costos fiscales generan debate sobre viabilidad de la propuesta
Damián Adriano señaló que la implementación de gratificaciones tendría un costo aproximado de 1 809 millones de soles anuales, mientras que la CTS representaría un gasto cercano a 1 055 millones de soles. En sus palabras, este último desembolso se ejecutaría únicamente al cese de los trabajadores. El dirigente expresó confianza en que el pleno del Congreso apruebe la medida, a pesar del impacto presupuestal que supondría para el Estado.
En sus declaraciones, el representante también se mostró optimista sobre el respaldo de la Confederación Nacional de Trabajadores CAS (Confecas), organización que —según indicó— impulsa la reivindicación de derechos de este sector. Hasta el cierre de esta edición, no hubo pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la sostenibilidad financiera del proyecto.
