Lo ocurrido con el tomógrafo del Hospital Regional Hermilio Valdizán no es un incidente técnico ni un tropiezo administrativo. Es el reflejo crudo de un sistema que normaliza la precariedad y que permite que la salud pública quede expuesta a improvisaciones inaceptables.
El propio hospital certificó, mediante el Informe N.º 283-2025, que el equipo había sido reparado y se encontraba “nuevamente operativo” tras seis meses de inactividad. Se importaron repuestos desde Colombia, se invirtieron decenas de miles de soles y se dio por concluida una etapa de retrasos, derivaciones privadas y gastos adicionales para una institución ya golpeada. La población creyó que, por fin, volvería la estabilidad en un servicio médico esencial.
Pero la realidad se impuso con una contundencia que indigna: menos de dos semanas después, el 22 de octubre, otro informe oficial registraba fallas graves —sombras, distorsiones, pérdida de nitidez— que comprometen diagnósticos urgentes. El 27 de octubre, un nuevo documento solicitaba mantenimiento correctivo. Y las imágenes incluidas en el expediente institucional muestran claramente que el equipo nunca recuperó un funcionamiento confiable.
Esto no es un desperfecto aislado. Es la demostración de que se certificó operatividad sin garantías suficientes, sin supervisión efectiva y sin la transparencia que un equipo biomédico de alta complejidad exige. Cuando una máquina vuelve a fallar a los pocos días, significa que el proceso anterior fue superficial, deficiente o, en el peor de los casos, irresponsable.
Mientras la institución guarda silencio, son los pacientes quienes cargan con las consecuencias. La incertidumbre se reinstala, los diagnósticos se retrasan, las referencias a clínicas privadas se multiplican y el costo —económico, emocional y humano— recae sobre quienes menos tienen. Cada día sin tomógrafo no es un día sin máquina: es un día sin oportunidad de detectar a tiempo una hemorragia, un tumor, un accidente cerebrovascular o cualquier condición que necesita respuestas inmediatas.
Huánuco no puede seguir aceptando reparaciones que duran días, decisiones que no se explican y certificaciones que no resisten ni dos semanas de funcionamiento real. La salud pública exige rigor. Exige evaluaciones técnicas serias. Exige procesos verificables. Y exige autoridades que entiendan que cada acción —o cada omisión— impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos.
Aquí no basta con corregir la falla. Lo que requiere reparación urgente es la confianza. Porque el daño que deja un tomógrafo fallando no termina en el área de imágenes: se extiende a todo un sistema que, una vez más, demuestra que no está a la altura de la población a la que dice servir.
