En la ciudad de Tingo María, un caso de presunto hurto agravado ha generado indignación luego de que un trabajador fuera denunciado por apropiarse de una motocicleta nueva perteneciente a la tienda donde laboraba. El hecho ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando la administradora del local, Britany Greysi Ortega Asencios (22), dispuso el traslado de cuatro motocicletas marca Bajaj desde el taller Motorepuestos hacia la tienda ubicada en la avenida Raimondi.
Según el testimonio de la afectada, en el primer traslado se llevó con éxito dos unidades, mientras que en el segundo, encargado al trabajador Raúl Servan Yahuarcani (35), debían entregarse las otras dos motocicletas. Sin embargo, al realizar la verificación en el almacén, solo ingresaron tres de las cuatro motos. La unidad desaparecida fue identificada como una Pulsar NS 200, color negro con rojo, modelo 2025, cero kilómetros, valorizada en varios miles de soles.
El trabajador inicialmente aseguró haber entregado todas las motocicletas, pero las cámaras de seguridad revisadas posteriormente evidenciaron lo contrario. Ante las pruebas, y al verse descubierto, trató de ubicar la moto para devolverla, aunque la denuncia ya había sido presentada ante las autoridades.
El caso se encuentra en investigación por parte de la DEPROVE Tingo María y la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, que evalúan la responsabilidad del denunciado y no descartan la participación de otras personas en este presunto acto delictivo.
La joven administradora expresó su frustración por lo sucedido, señalando que el hecho constituye una traición a la confianza depositada en su propio personal. “Es triste, uno confía en la gente que trabaja contigo y mira lo que pasa… ya no se puede confiar ni en tus propios trabajadores”, declaró con visible indignación.
La Policía Nacional continúa con las diligencias correspondientes y advirtió que se tomarán las medidas necesarias para esclarecer el caso y evitar que hechos similares afecten la seguridad de los negocios locales.
Este incidente ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de algunos comercios frente a delitos cometidos incluso por sus propios empleados, reforzando la necesidad de controles internos más estrictos y de una vigilancia permanente para proteger el patrimonio empresarial en la región.
