La criminalidad en el Perú ha alcanzado niveles preocupantes, donde la vida humana parece haberse devaluado hasta el punto de costar apenas S/7. Ante esta situación, los transportistas, quienes han sido severamente afectados, organizaron un paro el pasado 26 de septiembre para protestar contra la inseguridad que enfrentan en su labor diaria. La protesta llegó hasta el Congreso, donde se han presentado varios proyectos de ley que buscan atacar este problema. Se espera que estas propuestas sean discutidas en los próximos días.
En respuesta a la violencia extrema que caracteriza los crímenes recientes, ha surgido el controvertido concepto de “terrorismo urbano” en el discurso político. Actualmente, existen 16 proyectos de ley que mencionan este término. Entre ellos, un dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el pasado 18 de junio, está próximo a ser debatido. Dicho dictamen, que recibió apoyo de partidos como Perú Libre, Renovación Popular y Fuerza Popular, plantea modificar el Código Penal para incluir el delito de “terrorismo urbano”, según lo reportado por Carlos Oré Arroyo para Infobae.
Este delito abarcaría a quienes cometan actos que incluyan al menos dos de los siguientes crímenes: sicariato, explotación sexual, secuestro, robo agravado, extorsión, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal, entre otros. Adicionalmente, el dictamen incluye una serie de delitos relacionados que también recibirían sanciones, tales como:
- Homicidio calificado
- Conspiración para sicariato
- Lesiones graves
- Trata de personas agravada
- Explotación sexual infantil
- Pornografía infantil
- Esclavitud
- Pandillaje pernicioso
- Tráfico de datos personales
- Favorecimiento de la prostitución
- Uso y porte ilegal de armas, entre otros.
El gobierno de Dina Boluarte, a través del Consejo de Ministros, ha presentado una propuesta similar. Según declaró el primer ministro Gustavo Adrianzén, esta ley permitirá aplicar sanciones más severas para aquellos que cometan estos delitos. El anuncio vino tras declarar el estado de emergencia en 12 distritos de Lima y Callao.
Posturas en Contra de la Propuesta
Walther Huayllani, magistrado de la Corte de Lima, expresó su desacuerdo en una entrevista con RPP, indicando que la nueva ley no resolverá la crisis de seguridad en el país. Para él, las leyes actuales ya contemplan sanciones suficientemente estrictas para delitos como la extorsión. “Lo que necesitamos es una policía que cumpla con su deber de apoyar al Ministerio Público”, afirmó Huayllani. A su vez, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, comentó que se están tomando las medidas necesarias para enfrentar la criminalidad, mientras que el general Óscar Arriola aseguró que, después de El Salvador, el Perú sigue siendo uno de los países más seguros en la región.
