Persiste el conflicto territorial en la Comunidad Nativa de Santa Martha, ubicada en la región Huánuco, donde representantes indígenas han denunciado la presunta invasión de 236 hectáreas de bosque comunal, pese a estar reconocidas y tituladas desde 1986. Esta información fue confirmada por Enoch Calderón Jara, director del colegio de Santa Martha y dirigente local, quien alertó sobre la entrega de títulos individuales a personas externas al territorio comunal.
De acuerdo con Calderón Jara, esta situación refleja una posible vulneración a los derechos colectivos del pueblo Kakataibo, al haberse otorgado en 1996 títulos de propiedad individual por parte del Ministerio de Agricultura de Huánuco, dentro del área reconocida legalmente como comunal desde 1979.
Funcionarios del MINAGRI habrían avalado superposición territorial
Según la documentación oficial presentada por los dirigentes, la Comunidad Nativa de Santa Martha fue reconocida el 15 de octubre de 1979 mediante Resolución Directoral N.º 442-79-ORDL-DRAP, conforme al Decreto Ley N.º 22175. Posteriormente, el 31 de octubre de 1986, se otorgó su Título Único de Reconocimiento por la R.M. N.º 00906-86-AG/DGRA-AR.
Pese a ello, en 1996 el Ministerio de Agricultura otorgó títulos individuales dentro de ese mismo espacio a cuatro personas. En total, estas adjudicaciones abarcaron más de 230 hectáreas: 50, 85, 44.6 y 56.5 respectivamente, todas dentro de un área de bosque comunal, según consta en el reciente proceso de georreferenciación realizado por la misma entidad.
Normas nacionales e internacionales habrían sido infringidas
La comunidad sostiene que estos actos contravienen el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, que establece la inalienabilidad de las tierras comunales, así como el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú mediante Ley Nº 26253. A ello se suma el artículo 11 del Decreto Ley Nº 22175, que prohíbe la adjudicación de tierras comunales sin consentimiento de la asamblea comunal.
Los títulos individuales se otorgaron sin consulta ni autorización de la comunidad, lo que, según manifestaron los representantes locales, constituiría un acto administrativo nulo de pleno derecho y un grave antecedente de colusión entre funcionarios públicos y terceros privados.
Santa Martha exige nulidad de títulos y sanciones contra responsables
El reciente proceso de georreferenciación de los planos comunales, ejecutado en 2025 por el Ministerio de Agricultura, permitió verificar oficialmente la superposición de títulos individuales dentro del territorio comunal titulado. Para los representantes indígenas, este hallazgo confirma lo que durante años fue denunciado sin éxito.
Calderón Jara sostiene que este no sería un error técnico, sino evidencia de un presunto acuerdo irregular entre funcionarios estatales y particulares para facilitar el acceso privado a tierras de alta biodiversidad.
Frente a ello, la comunidad ha solicitado al Estado: (1) reconocer oficialmente la superposición detectada, (2) declarar nulos los títulos individuales emitidos en 1996, y (3) abrir procesos administrativos contra los responsables.
Dimensión espiritual del territorio y llamado a intervención estatal
Los voceros indígenas insisten en que la invasión del territorio no representa únicamente una pérdida física, sino también una ruptura espiritual y cultural. “El territorio es vínculo con nuestros ancestros y guardianes del bosque”, declaró Calderón Jara. En ese contexto, la defensa de su tierra es también una defensa de su identidad y continuidad histórica como pueblo.
La comunidad exige una respuesta inmediata del Estado, en especial del Ministerio de Cultura, responsable de velar por los derechos de los pueblos originarios. Hasta el cierre de esta edición, no se ha emitido pronunciamiento oficial de dicha entidad.
Dato:
Ante la falta de acciones concretas, la comunidad ha advertido que se reserva el derecho de aplicar medidas de autodefensa en ejercicio de su autonomía comunal, amparadas en el derecho consuetudinario indígena. Advirtieron además que el incumplimiento de sus demandas podría derivar en un conflicto social territorial de mayores proporciones.
