Tensión y enfrentamientos durante el desalojo del prostíbulo “Villa Cariño” en Huánuco

El desalojo del prostíbulo conocido como “Villa Cariño”, ubicado en la última cuadra del Jirón Huallayco en Huánuco, se ejecutó en medio de momentos de alta tensión. Varios individuos intentaron impedir la diligencia judicial, lo que llevó a su detención por obstrucción al trabajo policial.

El operativo, encabezado por la Policía Nacional del Perú y con apoyo de la Unidad de Servicios Especiales (USE), enfrentó dificultades debido a la resistencia de los ocupantes. Según testigos, la situación estuvo a punto de salirse de control, lo que evidenció deficiencias en la preparación de algunos agentes de la USE.

Pese a los intentos de suspensión, la orden judicial fue ejecutada y el inmueble quedó desalojado conforme a lo dispuesto por el Segundo Juzgado de Paz Letrado Mixto de Huánuco. La jueza Miriam Lili Torres Boza había determinado que el proceso no podía ser interrumpido y que se debía garantizar la recuperación del predio.

El enfrentamiento entre los ocupantes y la policía obligó al uso de la fuerza y al descerraje del inmueble. Finalmente, los efectivos lograron retomar el control y proceder con la diligencia.

Los detenidos serán procesados por resistencia a la autoridad y obstrucción a la justicia, en un caso que evidencia la persistencia de actividades ilegales en la zona a pesar de múltiples clausuras municipales.

Dato:

El Segundo Juzgado de Paz Letrado Mixto de Huánuco emitió la Resolución N° 95, declarando improcedente la solicitud de suspensión del desalojo del prostíbulo conocido como “Villa Cariño”, presentada por Rosario Amparo Chiong, más conocida como “La Negra”. De acuerdo con el documento judicial, la diligencia de lanzamiento se llevará a cabo el 28 de marzo de 2025 a las 3:00 p.m.

El inmueble, ubicado en el Jirón Huallayco N° 2289, barrio Las Moras, ha sido objeto de múltiples clausuras municipales sin éxito, ya que ha reabierto en reiteradas ocasiones. Esta situación refleja un desafío abierto a la autoridad municipal y judicial, lo que, según la resolución, refuerza la necesidad de ejecutar el desalojo sin más dilaciones.