Momentos de tensión se vivieron en el asentamiento humano Ludipro, en el sector conocido como Las 14 Cruces, luego de que en horas de la madrugada vecinos alertaran sobre un supuesto intento invasión tras el ingreso de personas desconocidas a un terreno que —según la directiva— está destinado como área de reserva comunal.
Gino Zevallos Bravo, presidente del asentamiento y quien afirma contar con reconocimiento municipal mediante resolución oficial, denunció públicamente un presunto intento de invasión. De acuerdo con su versión, el espacio intervenido forma parte del plano aprobado para uso comunitario y estaría destinado a cementerio, capilla, reservorio, estacionamiento y áreas verdes no habitables.
Los pobladores señalaron que al llegar al lugar encontraron el terreno marcado y con aparentes señales de lotización. Ante ello, decidieron cercar el área para evitar nuevas ocupaciones. Según indicaron, alrededor de 200 vecinos se movilizaron para resguardar el espacio que consideran patrimonio comunal.
La dirigencia sostiene que no es un hecho aislado, sino que en los últimos días ya se habían registrado intentos similares, lo que incrementó la preocupación colectiva.
Acusaciones cruzadas
El caso se torna más complejo debido a las acusaciones públicas formuladas durante la transmisión. El presidente de Ludipro aseguró que en las últimas semanas su persona y la junta directiva han sido señaladas como presuntos traficantes de terrenos, versión que rechazó enfáticamente.
Zevallos afirmó no haber vendido lotes ni cobrado dinero por reconocimiento alguno y sostuvo que el asentamiento agrupa a más de 260 familias formalmente establecidas. Asimismo, indicó que existe un expediente administrativo que respalda el reconocimiento municipal obtenido tras varios años de gestión.
En contraparte, algunos vecinos acusaron a terceras personas —a quienes identificaron con nombres propios— de intentar lotizar el área reservada. Los señalaron como presuntos lotizadores y responsables de hostigar a la comunidad.
Estas declaraciones constituyen uno de los puntos más sensibles del conflicto, pues implican señalamientos directos que podrían derivar en acciones legales si no se sustentan con pruebas documentadas.
Temor por la seguridad
Durante la cobertura, los vecinos manifestaron sentir temor por su integridad. El presidente del asentamiento indicó que ha solicitado garantías personales y que presentó denuncias ante la Policía Nacional por los hechos ocurridos en días anteriores.
Algunos pobladores afirmaron que, en intervenciones previas, las personas que intentaron ocupar el terreno habrían llegado en grupo e incluso —según mencionaron— portando objetos que generaron alarma, aunque estos extremos no fueron corroborados oficialmente durante la transmisión.
La comunidad pidió mayor presencia policial en la zona y exhortó a las autoridades municipales y regionales a intervenir para evitar que el conflicto escale. El terreno en disputa, insisten, no está destinado a vivienda, sino a infraestructura comunitaria necesaria para el asentamiento.
El caso expone un escenario de tensión donde convergen reconocimiento administrativo, presuntas disputas por posesión y acusaciones de tráfico de tierras. Corresponderá a las autoridades competentes verificar la documentación, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades conforme a ley.
