El crecimiento económico del país depende, en gran medida, de la capacidad para atraer inversión privada, especialmente en sectores clave como el de hidrocarburos. La coyuntura actual exige una evaluación exhaustiva de las condiciones que Perú ofrece a los inversores, considerando el contexto global de precios de energía volátiles y la creciente demanda de recursos. La reciente adjudicación de lotes petroleros en Brasil, por ejemplo, demuestra la competencia regional por la inversión en este sector.
Según la investigación publicada por El Comercio, la atractividad del sector de hidrocarburos peruano para la inversión millonaria es cuestionable, mostrando un retroceso preocupante en los últimos años.
Si bien Perú cuenta con recursos geológicos que, aunque no comparables con los de potencias como Arabia Saudita o Rusia, ofrecen potencial para el descubrimiento y extracción de hidrocarburos, la realidad es que solo una fracción de las cuencas existentes están siendo explotadas. De las 18 cuencas hidrocarburíferas identificadas, únicamente 5 se encuentran en producción. Esta cifra revela un margen significativo para la exploración y monetización de recursos fósiles, lo que podría convertir al país en un destino atractivo. Sin embargo, la clave reside en las condiciones que se ofrecen a los inversionistas.
El análisis destaca un marcado contraste entre el pasado, cuando se lograron atraer hasta 68 contratos de exploración, y la situación actual, donde apenas se contabilizan 5. Este declive drástico refleja un deterioro en la competitividad del país. En el pasado, el descubrimiento de Camisea generó un gran impacto en la economía nacional, pero la falta de nuevos hallazgos pone en riesgo el futuro del sector.
Diversos factores contribuyen a este panorama desfavorable. Las condiciones económicas impuestas por el marco legal, como las regalías e impuestos, restan competitividad frente a otros países de la región con similar o superior potencial geológico. La excesiva permisología es otro obstáculo significativo. El tiempo requerido para iniciar un proyecto de hidrocarburos en Perú, que puede oscilar entre 7 y 10 años, contrasta con la agilidad de otros países, donde este proceso puede completarse en menos de la mitad del tiempo. Esta demora desincentiva la inversión y genera incertidumbre.
Adicionalmente, los conflictos sociales, exacerbados por la limitada presencia del Estado, paralizan proyectos en curso e impiden la aprobación de nuevas iniciativas. La expansión de áreas naturales protegidas, si bien esencial para la conservación del medio ambiente, limita el desarrollo de actividades de hidrocarburos, incluso cuando se ha demostrado la viabilidad de la coexistencia entre ambas. La inseguridad ciudadana, que ha escalado hasta convertirse en criminalidad impune, también representa un factor disuasorio para la inversión extranjera.
Es imperativo abordar estas problemáticas para recuperar la competitividad del sector y atraer la inversión privada necesaria para impulsar el crecimiento económico del país. De lo contrario, se corre el riesgo de perder oportunidades valiosas y comprometer el futuro energético de Perú. Urge simplificar los procesos burocráticos, fortalecer la seguridad jurídica, promover el diálogo con las comunidades y establecer un marco legal claro y atractivo para los inversionistas.
